Posted by La Cibeles on 27.4.08 at 4/27/2008 |Permalink
rtvcm.es 24.04.08
Funcionarios de Correos de Puerto- llano denuncian acoso laboral.
Amenazas verbales, abuso de poder y una actitud totalmente caciquil, son los argumentos que han llevado a poner una denuncia a 13 funcionarios de correos de Puertollano, ante lo que ellos consideran acoso laboral por parte del jefe de área de reparto. Violencia psicológica injustificada de forma sistemática y recurrente en el ámbito del trabajo. Es la definición de mobbing o acoso laboral y es lo que hoy han denunciado estos funcionarios de reparto de Correos ante la policía nacional. Aseguran llevar 4 años aguantando a su jefe de unidad y no aguantar más. Hoy los 13 trabajadores fijos de los 23 que hacen el reparto han decidido dar un paso más para conseguir librarse de la presión, la persecución y el abuso de poder al que dicen están sometidos diariamente. El jefe de unidad de reparto denunciado, que no ha querido realizar declaraciones tiene 63 años y hace tres podría haberse jubilado. Los denunciantes no descartan realizar paros con el fin de que se dé fin a esta situación.
Una sentencia obliga a sacar a concurso los servicios a los organismos públicos y los excluye del servicio universal
La Audiencia Nacional ha acabado con el monopolio de Correos en la Administración, mantenido a través de la firma de 'convenios de colaboración'. Esta actividad supone en torno al 25 por ciento de sus ingresos, según confirma el abogado del Estado en sus alegaciones.
Las empresas privadas del sector de reparto y manipulado de correspondencia suponen tan solo una cuota de mercado del 7 por ciento, a pesar de la liberalización, lo que da una idea de la importancia que tiene este fallo judicial sobre el sector.
La sentencia, que lleva fecha de 17de abril y que fue ayer distribuida a las partes, establece que sólo es posible la celebración de 'convenios de colaboración' con las Administraciones Públicas "cuando su objeto quede totalmente limitado a la prestación de servicios postales reservados en exclusiva a la sociedad estatal de Correos y Telégrafos SA, en su condición de proveedor del servicio postal universal en España".
Libre concurrencia
También indica que "para cualesquiera otros servicios postales habrá de acudirse a la contratación administrativa con sujeción a publicidad y posibilitando la libre concurrencia de otros terceros operadores, dentro del ámbito del mercado".
De entrada, ha quedado anulado el 'convenio de colaboración' con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que fue demandado por la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia.
Correos puede ahora recurrir al Tribunal Supremo, pero no habrá dilaciones, puesto que la asociación de las empresas privadas también puede solicitar a la Audiencia Nacional la ejecución de esta sentencia, lo que se tendría que realizar de manera automática. Ésto supondría que la empresa de capital público no podría seguir realizando el servicio a las Administraciones Públicas, al menos hasta que el Supremo se pronuncie.
Escaso margen de recurso
Sin embargo, el margen de maniobra para que el Alto Tribunal pueda cambiar el criterio es muy estrecho, puesto que la sentencia de la Audiencia Nacional se basa en una cuestión prejudicial solicitada al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En sentencia, de 15 de enero de 2008, este Tribunal consideraba que "los principios de igualdad de trato, no discriminación por razón de nacionalidad y transparencia" impiden que la Administración de un país miembro de la Unión Europea pueda realizar adjudicaciones sin concurso público.
También considera que la legislación de la Unión Europea "se opone a la normativa de un Estado miembro en el que las Administraciones Públicas, actuando al margen de las normas de actuación de los contratos públicos, encarguen la prestación de los servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67 a una sociedad de capital íntegramente público y que es el proveedor universal de dicho Estado", siempre que sus contratos de servicios superen un importe estimado, sin IVA, de 200.000 euros y sean de carácter oneroso y se hayan celebrado por escrito.
Limitaciones nacionales
Para justificar el valor decisivo de la jurisprudencia comunitaria en este asunto, la ponente de la sentencia de la Audiencia Nacional, la magistrada García García-Blanco, cita otra sentencia del Tribunal comunitario, de 11 de marzo de 2004, en la que se afirma que "los Estados miembros no tienen libertad para imponer requisitos adicionales a servicios postales consiguiendo con ello ampliar el catálogo de los servicios reservados a los proveedores del servicio universal".
La Audiencia Nacional maneja otros dos conceptos básicos para establecer la ilegalidad de los 'convenios de colaboración'. De una parte, que los precios establecidos entre Correos y las Administraciones Públicas no responden a una imposición unilateral de la Administración, ni responden a unas condiciones "absurdas y totalmente apartadas de las normales en el mercado". De otra, que Correos no tiene como cliente único y exclusivo a la Administración Pública, ya que ofrece y presta todos los servicios postales, reservados y no reservados, éstos últimos ya liberalizados.
Finalmente, la sentencia descarta que la llamada contratación 'in house' no es una encomienda de gestión llevada en gestión directa a través de sociedades instrumentales, pues no se trata de gestión la prestación a terceros de servicios propios del Ministerio.
UGT presenta más de 60 denuncias contra Correos ante la Inspección por 'incumplir' la normativa de prevención
La Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT en Huelva ha presentado más de 60 denuncias contra Correos ante la Inspección de Trabajo por el 'incumplimiento' de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
En un comunicado, el sindicato destacó que, pese a que esta normativa lleva en vigor 13 años, Correos 'sigue sin aplicar cuestiones básicas de las mismas en los más de 70 centros de trabajo con que cuenta en la provincia, con una plantilla de 500 trabajadores entre funcionarios y personal laboral'.
Según destacó la FSP de UGT, entre las numerosas denuncias, 'se encuentran el hecho de que ninguno de los 70 centros de trabajo tengan realizada la Evaluación Inicial de Riesgos, la escasa o nula formación que se le imparte al personal en materia de Seguridad e Higiene y la situación de algunos centros de trabajo, que se encuentran en condiciones pésimas'.
Además, destacó la 'poca o nula dotación de equipos de protección individual, ya que hay trabajadores que están en la calle a los que no se dota de ropa de agua; motoristas a los que se les entregan cascos sin higienizar o que no corresponden a sus tallas; o personal de carga y descarga al que no se le entrega calzado de seguridad ni guantes'.
La FSP también denunció la 'negativa por parte de la Jefatura Provincial de Correos de Huelva a facilitar información a los delegados de Prevención de Riesgos, la falta de democracia laboral y la discriminación sindical que practica por parte de los dirigentes de Correos'.
Con estas denuncias, el sindicato pretende 'que las autoridades en la materia obliguen a Correos al cumplimiento de la Ley, ya se han presentado en la provincia más de 60 denuncias y el sindicato va a continuar presentado las que sean necesarias hasta llegar a una situación razonable en cuanto al nivel de cumplimiento de la normativa'.
rtvcm.es
24.04.08
Funcionarios de Correos de Puerto- llano denuncian acoso laboral.
Amenazas verbales, abuso de poder y una actitud totalmente caciquil, son los argumentos que han llevado a poner una denuncia a 13 funcionarios de correos de Puertollano, ante lo que ellos consideran acoso laboral por parte del jefe de área de reparto. Violencia psicológica injustificada de forma sistemática y recurrente en el ámbito del trabajo. Es la definición de mobbing o acoso laboral y es lo que hoy han denunciado estos funcionarios de reparto de Correos ante la policía nacional. Aseguran llevar 4 años aguantando a su jefe de unidad y no aguantar más. Hoy los 13 trabajadores fijos de los 23 que hacen el reparto han decidido dar un paso más para conseguir librarse de la presión, la persecución y el abuso de poder al que dicen están sometidos diariamente. El jefe de unidad de reparto denunciado, que no ha querido realizar declaraciones tiene 63 años y hace tres podría haberse jubilado. Los denunciantes no descartan realizar paros con el fin de que se dé fin a esta situación.
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Anónimo |
domingo, abril 27, 2008 7:20:00 p. m.
El Economista
25.04.08
Correos pierde el monopolio en la Administración
Xavier Gil Pecharromán
Una sentencia obliga a sacar a concurso los servicios a los organismos públicos y los excluye del servicio universal
La Audiencia Nacional ha acabado con el monopolio de Correos en la Administración, mantenido a través de la firma de 'convenios de colaboración'. Esta actividad supone en torno al 25 por ciento de sus ingresos, según confirma el abogado del Estado en sus alegaciones.
Las empresas privadas del sector de reparto y manipulado de correspondencia suponen tan solo una cuota de mercado del 7 por ciento, a pesar de la liberalización, lo que da una idea de la importancia que tiene este fallo judicial sobre el sector.
La sentencia, que lleva fecha de 17de abril y que fue ayer distribuida a las partes, establece que sólo es posible la celebración de 'convenios de colaboración' con las Administraciones Públicas "cuando su objeto quede totalmente limitado a la prestación de servicios postales reservados en exclusiva a la sociedad estatal de Correos y Telégrafos SA, en su condición de proveedor del servicio postal universal en España".
Libre concurrencia
También indica que "para cualesquiera otros servicios postales habrá de acudirse a la contratación administrativa con sujeción a publicidad y posibilitando la libre concurrencia de otros terceros operadores, dentro del ámbito del mercado".
De entrada, ha quedado anulado el 'convenio de colaboración' con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que fue demandado por la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia.
Correos puede ahora recurrir al Tribunal Supremo, pero no habrá dilaciones, puesto que la asociación de las empresas privadas también puede solicitar a la Audiencia Nacional la ejecución de esta sentencia, lo que se tendría que realizar de manera automática. Ésto supondría que la empresa de capital público no podría seguir realizando el servicio a las Administraciones Públicas, al menos hasta que el Supremo se pronuncie.
Escaso margen de recurso
Sin embargo, el margen de maniobra para que el Alto Tribunal pueda cambiar el criterio es muy estrecho, puesto que la sentencia de la Audiencia Nacional se basa en una cuestión prejudicial solicitada al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En sentencia, de 15 de enero de 2008, este Tribunal consideraba que "los principios de igualdad de trato, no discriminación por razón de nacionalidad y transparencia" impiden que la Administración de un país miembro de la Unión Europea pueda realizar adjudicaciones sin concurso público.
También considera que la legislación de la Unión Europea "se opone a la normativa de un Estado miembro en el que las Administraciones Públicas, actuando al margen de las normas de actuación de los contratos públicos, encarguen la prestación de los servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67 a una sociedad de capital íntegramente público y que es el proveedor universal de dicho Estado", siempre que sus contratos de servicios superen un importe estimado, sin IVA, de 200.000 euros y sean de carácter oneroso y se hayan celebrado por escrito.
Limitaciones nacionales
Para justificar el valor decisivo de la jurisprudencia comunitaria en este asunto, la ponente de la sentencia de la Audiencia Nacional, la magistrada García García-Blanco, cita otra sentencia del Tribunal comunitario, de 11 de marzo de 2004, en la que se afirma que "los Estados miembros no tienen libertad para imponer requisitos adicionales a servicios postales consiguiendo con ello ampliar el catálogo de los servicios reservados a los proveedores del servicio universal".
La Audiencia Nacional maneja otros dos conceptos básicos para establecer la ilegalidad de los 'convenios de colaboración'. De una parte, que los precios establecidos entre Correos y las Administraciones Públicas no responden a una imposición unilateral de la Administración, ni responden a unas condiciones "absurdas y totalmente apartadas de las normales en el mercado". De otra, que Correos no tiene como cliente único y exclusivo a la Administración Pública, ya que ofrece y presta todos los servicios postales, reservados y no reservados, éstos últimos ya liberalizados.
Finalmente, la sentencia descarta que la llamada contratación 'in house' no es una encomienda de gestión llevada en gestión directa a través de sociedades instrumentales, pues no se trata de gestión la prestación a terceros de servicios propios del Ministerio.
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Anónimo |
lunes, abril 28, 2008 12:08:00 p. m.
EUROPA PRESS
29.04.08
UGT presenta más de 60 denuncias contra Correos ante la Inspección por 'incumplir' la normativa de prevención
La Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT en Huelva ha presentado más de 60 denuncias contra Correos ante la Inspección de Trabajo por el 'incumplimiento' de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
En un comunicado, el sindicato destacó que, pese a que esta normativa lleva en vigor 13 años, Correos 'sigue sin aplicar cuestiones básicas de las mismas en los más de 70 centros de trabajo con que cuenta en la provincia, con una plantilla de 500 trabajadores entre funcionarios y personal laboral'.
Según destacó la FSP de UGT, entre las numerosas denuncias, 'se encuentran el hecho de que ninguno de los 70 centros de trabajo tengan realizada la Evaluación Inicial de Riesgos, la escasa o nula formación que se le imparte al personal en materia de Seguridad e Higiene y la situación de algunos centros de trabajo, que se encuentran en condiciones pésimas'.
Además, destacó la 'poca o nula dotación de equipos de protección individual, ya que hay trabajadores que están en la calle a los que no se dota de ropa de agua; motoristas a los que se les entregan cascos sin higienizar o que no corresponden a sus tallas; o personal de carga y descarga al que no se le entrega calzado de seguridad ni guantes'.
La FSP también denunció la 'negativa por parte de la Jefatura Provincial de Correos de Huelva a facilitar información a los delegados de Prevención de Riesgos, la falta de democracia laboral y la discriminación sindical que practica por parte de los dirigentes de Correos'.
Con estas denuncias, el sindicato pretende 'que las autoridades en la materia obliguen a Correos al cumplimiento de la Ley, ya se han presentado en la provincia más de 60 denuncias y el sindicato va a continuar presentado las que sean necesarias hasta llegar a una situación razonable en cuanto al nivel de cumplimiento de la normativa'.
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Anónimo |
martes, abril 29, 2008 4:56:00 p. m.