09.09.09 : La Tercera de ABC
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La «contención» de las retribuciones de los funcionarios va camino de convertirse en el nuevo burladero del Gobierno para desviar la atención pública sobre la evolución de la crisis. Después de años de reproches al PP por haber congelado las nóminas de los funcionarios, el Ejecutivo empieza a buscar desesperadamente fuentes de ingresos o tapones de gasto para frenar el déficit, que, además, tengan un respaldo social basado en el populismo de la medida. Primero se suben los impuestos a los «ricos» y ahora se echa el cierre a los sueldos de unos funcionarios que, a la vista de muchos, tienen puesto asegurado y trabajan muy poco. Esta visión negativa de la función pública se nutre del oportunismo de señalar a los funcionarios como un grupo de insolidarios que debe asumir un coste especial por la crisis. Sin embargo, un planteamiento así desconoce la realidad de la función pública y, lo que es más grave, que el origen de muchos vicios que la sociedad atribuye a los funcionarios está en la utilización partidista de las administraciones, especialmente para convertirlas en refugio de legiones de asesores, gabinetes de todo tipo y personal colocado a dedo. Bajo el título de funcionario se incluye vulgarmente a muchos que no son funcionarios de carrera. Por eso, la inflación de los gastos en empleados públicos no se debe a que los funcionarios de carrera aumenten sus nóminas, sino al incremento de personas que, a dedo o por otros conductos, entran a cobrar de las administraciones públicas, con el entusiasmo de los sindicatos, que ven aumentar su influencia en un sector que debería ser ajeno al activismo sindical.
De la misma manera que la austeridad de las administraciones públicas es preferente a una subida de impuestos, la congelación salarial de los funcionarios es innecesaria si las administraciones, tanto del Estado como autonómicas y municipales, recortan sus asesores y gabinetes y ajustan sus plantillas a las necesidades reales del servicio. Obviamente, cuando el ciudadano conoce el dato de que casi el 20 por ciento de la población activa es personal público piensa que es una situación de agravio comparativo con los que pierden su empleo. Pero, por esto mismo, el Gobierno y los partidos -teniendo en cuenta que casi todos tienen gobiernos locales o autonómicos en sus manos- deberían evitar discursos demagógicos sobre las ventajas de los funcionarios, centrar sus iniciativas en los focos del problemas y reconocer que, si en época de crisis son presas fáciles del populismo, en época de bonanza los funcionarios perdieron poder adquisitivo constantemente.
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La «contención» de las retribuciones de los funcionarios va camino de convertirse en el nuevo burladero del Gobierno para desviar la atención pública sobre la evolución de la crisis. Después de años de reproches al PP por haber congelado las nóminas de los funcionarios, el Ejecutivo empieza a buscar desesperadamente fuentes de ingresos o tapones de gasto para frenar el déficit, que, además, tengan un respaldo social basado en el populismo de la medida. Primero se suben los impuestos a los «ricos» y ahora se echa el cierre a los sueldos de unos funcionarios que, a la vista de muchos, tienen puesto asegurado y trabajan muy poco. Esta visión negativa de la función pública se nutre del oportunismo de señalar a los funcionarios como un grupo de insolidarios que debe asumir un coste especial por la crisis. Sin embargo, un planteamiento así desconoce la realidad de la función pública y, lo que es más grave, que el origen de muchos vicios que la sociedad atribuye a los funcionarios está en la utilización partidista de las administraciones, especialmente para convertirlas en refugio de legiones de asesores, gabinetes de todo tipo y personal colocado a dedo. Bajo el título de funcionario se incluye vulgarmente a muchos que no son funcionarios de carrera. Por eso, la inflación de los gastos en empleados públicos no se debe a que los funcionarios de carrera aumenten sus nóminas, sino al incremento de personas que, a dedo o por otros conductos, entran a cobrar de las administraciones públicas, con el entusiasmo de los sindicatos, que ven aumentar su influencia en un sector que debería ser ajeno al activismo sindical.
De la misma manera que la austeridad de las administraciones públicas es preferente a una subida de impuestos, la congelación salarial de los funcionarios es innecesaria si las administraciones, tanto del Estado como autonómicas y municipales, recortan sus asesores y gabinetes y ajustan sus plantillas a las necesidades reales del servicio. Obviamente, cuando el ciudadano conoce el dato de que casi el 20 por ciento de la población activa es personal público piensa que es una situación de agravio comparativo con los que pierden su empleo. Pero, por esto mismo, el Gobierno y los partidos -teniendo en cuenta que casi todos tienen gobiernos locales o autonómicos en sus manos- deberían evitar discursos demagógicos sobre las ventajas de los funcionarios, centrar sus iniciativas en los focos del problemas y reconocer que, si en época de crisis son presas fáciles del populismo, en época de bonanza los funcionarios perdieron poder adquisitivo constantemente.
ABC
Editorial 09.09.09
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