Neoconceptos
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos de PSOE, PP, CiU, PNV, CC, UPyD y UPN la enmienda de totalidad presentada por el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV contra el proyecto de Ley del servicio postal universal, que a partir de ahora continuará su trámite parlamentario.
El ministro de Fomento, José Blanco, ha recalcado que los servicios postales son un "elemento fundamental" que contribuyen a crear empleo y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su modernización es "necesaria para un desarrollo equilibrado y sostenible" de la actividad económica.
En este sentido, ha asegurado que la norma, que transpone la Tercera Directiva Postal es una "oportunidad" para garantizar el derecho de los ciudadanos al servicio postal que cubre todo el territorio del Estado con servicios "de calidad" y sitúa al sector en una "nueva fase" acorde con el marco de la Estrategia de la Economía Sostenible.
El ministro ha recalcado que la norma asegura la viabilidad financiera de Correos y Telégrafos y el mantenimiento del empleo de calidad en el sector, con "respeto" a los "derechos de sus trabajadores", fruto de un "largo proceso de diálogo" con el sector y los agentes sociales que va a seguir garantizando "servicios de calidad" durante los próximos 15 años.
Asimismo, ha asegurado que su intención es profundizar en la voluntad de diálogo con los grupos políticos durante el trámite parlamentario.
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y su compañero de ERC Joan Tardá ha asegurado que el proyecto busca "desmantelar" el servicio público de Correos, reducir "de forma aún más drástica" su plantilla y ofrecer un negocio de cerca de 1.000 millones de euros "para el beneficio del sector privado".
"Todo ello con la falsa coartada y la vaga excusa de la liberalización del mercado postal europeo", ha denunciado Llamazares, para quien el nuevo modelo que plantea la norma permitirá que los grandes operadores europeos compitan por la "parte rentable" del mercado, dejando a Correos "como simple operador residual de la parte no rentable del mismo", con la obligación de prestar un servicio público deficitario que pagarán los ciudadanos vía impuestos.
En este sentido, ha llamado la atención sobre la "grave amenaza" que se cierne sobre los trabajadores de Correos, después de que en el último años se hayan perdido "cerca de 7.000 puestos". "El proyecto de ley va en la dirección de aumentar esta sangría", ha denunciado Llamazares, a quien Blanco ha acusado de "tirar de argumentarios ajenos", porque los sindicatos han dado su "visto bueno" a la norma.
La prestación de este servicio de interés público por parte de Correos tendrá un coste en los Presupuestos Generales del Estado de cada año de entre 170 y 210 millones de euros, cantidades a las que se añadirán otros diez millones de euros por la prestación del servicio de giro.
El ministro de Fomento, José Blanco, ha recalcado que los servicios postales son un "elemento fundamental" que contribuyen a crear empleo y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su modernización es "necesaria para un desarrollo equilibrado y sostenible" de la actividad económica.
En este sentido, ha asegurado que la norma, que transpone la Tercera Directiva Postal es una "oportunidad" para garantizar el derecho de los ciudadanos al servicio postal que cubre todo el territorio del Estado con servicios "de calidad" y sitúa al sector en una "nueva fase" acorde con el marco de la Estrategia de la Economía Sostenible.
El ministro ha recalcado que la norma asegura la viabilidad financiera de Correos y Telégrafos y el mantenimiento del empleo de calidad en el sector, con "respeto" a los "derechos de sus trabajadores", fruto de un "largo proceso de diálogo" con el sector y los agentes sociales que va a seguir garantizando "servicios de calidad" durante los próximos 15 años.
Asimismo, ha asegurado que su intención es profundizar en la voluntad de diálogo con los grupos políticos durante el trámite parlamentario.
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y su compañero de ERC Joan Tardá ha asegurado que el proyecto busca "desmantelar" el servicio público de Correos, reducir "de forma aún más drástica" su plantilla y ofrecer un negocio de cerca de 1.000 millones de euros "para el beneficio del sector privado".
"Todo ello con la falsa coartada y la vaga excusa de la liberalización del mercado postal europeo", ha denunciado Llamazares, para quien el nuevo modelo que plantea la norma permitirá que los grandes operadores europeos compitan por la "parte rentable" del mercado, dejando a Correos "como simple operador residual de la parte no rentable del mismo", con la obligación de prestar un servicio público deficitario que pagarán los ciudadanos vía impuestos.
En este sentido, ha llamado la atención sobre la "grave amenaza" que se cierne sobre los trabajadores de Correos, después de que en el último años se hayan perdido "cerca de 7.000 puestos". "El proyecto de ley va en la dirección de aumentar esta sangría", ha denunciado Llamazares, a quien Blanco ha acusado de "tirar de argumentarios ajenos", porque los sindicatos han dado su "visto bueno" a la norma.
La prestación de este servicio de interés público por parte de Correos tendrá un coste en los Presupuestos Generales del Estado de cada año de entre 170 y 210 millones de euros, cantidades a las que se añadirán otros diez millones de euros por la prestación del servicio de giro.
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Etiquetas: El Ministerio de la Verdad se manifiesta
