CONSIDERACIONES DEMOGRÁFICAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN POSTAL
(Y un acercamiento al "Dimensionamiento"-"Parcial Estudio de Puesta en Marcha" del valor de la financiación del SPU en esas condiciones determinadas")
Con el objetivo común del Operador público y del Regulador Postal de mejorar la calidad del Servicio Postal Universal, redactamos este Informe con la intención de manifestar posición ante la nueva redacción del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica parcialmente el Reglamento por el que se regula la prestación de los Servicios Postales. A la propia elaboración, ( ) se añaden algunos de los argumentos del Operador público, ( ), porque parecen la mejor fuente de información y de explicación para las nuevas situaciones que se están planteando a diario en la entrega postal.
El Organismo Regulador Postal plantea el supuesto de “gran desarrollo de construcción y mínima densidad de población”, cuándo se den conjuntamente estas tres situaciones:
- Que haya menos o igual de 10 viviendas por hectárea
- Que haya menos o igual de 25 habitantes por hectárea
- Que haya menos o igual de 5 envíos a la semana por vivienda. (1 envío al día)
La necesaria concurrencia de las tres condiciones que se contemplan, obligaría a Correos a realizar un reparto domiciliario en numerosos entornos que actualmente disponen de casilleros concentrados. Esto requeriría un altísimo coste adicional para el Servicio Postal Universal, que deberá ser sufragado bien por el conjunto de los ciudadanos, mediante incremento de precios, o bien por el Estado a través de los mecanismos previstos en la Ley Postal
Durante los últimos diez años destacan dos fenómenos demográficos que afectan al poblamiento en España y, a través de éste, a la prestación de ciertos servicios públicos, como es el correo.
Por un lado, se ha incrementado la población urbana en España, que supera ya el 77 % de la población total (1), pero, a la par, se han adoptado nuevas formas de poblamiento, siguiendo pautas diferentes a las tradicionales de una población concentrada y a los límites espaciales definidos de las ciudades.
Casi todas las ciudades españolas (Madrid * es un buen ejemplo de ello) han incrementado, o incluso duplicado, la superficie ocupada, sin que ello haya significado necesariamente un aumento demográfico proporcional. Ha crecido mucho más la ciudad y los servicios que proporciona que su población total.
* Madrid (ciudad) tiene una media algo superior a los 50 H/P/H (habitantes por hectárea), pero unos caracteres muy diferentes según distritos y barrios. El distrito de Chamberí, el más poblado, alcanza los 322 habitantes por hectárea, y con algo menos de 300 se sitúan distritos socioeconómica y urbanísticamente tan diferentes como Salamanca y Tetuán.
En el extremo contrario se sitúan los de Fuencarral-El Pardo y Barajas, que no llegan a 10 habitantes por hectárea y Villa de Vallecas con unos 12. Sin embargo, la realidad estadística enmascara unas situaciones reales muy distintas de la que ésta proporciona: en los dos primeros casos su baja densidad se debe a la presencia de amplias áreas no habitables (Bosque de El Pardo y Aeropuerto de Barajas), mientras que en el distrito de Villa de Vallecas el fortísimo desarrollo urbano que se está produciendo lo transformará en muy poco tiempo en uno de los más populosos de Madrid.
El crecimiento reciente de Madrid, entre el viejo casco urbano y la M-40 (incluso sobrepasando esta frontera viaria) duplicará en muy poco tiempo la superficie urbanizada de la ciudad, con un crecimiento demográfico que solo supondrá entre un 10 y un 15 % más de población (entre 300.000 y 500.000 nuevos habitantes) (1)
Por otra parte, en las zonas de costa o en otros lugares atractivos para la residencia (por causas muy diversas, ya sean económicas, de comunicación, medioambientales, etc..) se ha producido una auténtica explosión constructiva, combinándose en la utilización de estas nuevas viviendas el carácter de primeras residencias (sobre todo de jubilados españoles y extranjeros o exponentes del teletrabajo) con el de residencias veraniegas y segundas residencias, gracias a la mejora en accesibilidad viaria, a la facilidad de las telecomunicaciones o a otros factores socioeconómicos.
El parque oficial de viviendas del año 2001, indica que sólo un 68,4% de las viviendas son primeras residencias, el 16,04% lo constituyen segundas residencias y el 13,95 % se trata de viviendas vacías. Si tenemos en cuenta el dato de evolución anual de viviendas construidas (800.000 en los últimos años) y que, al menos, un 25% de estas viviendas son unifamiliares, tendríamos 200.000 nuevas viviendas de este tipo, y de ellas, un mínimo del 16% como segunda residencia
Teniendo en cuenta solo las segundas residencias, es decir, sin considerar las viviendas vacías, 35.000 nuevas viviendas unifamiliares se construyen al año, que al tener que atender en un 90% a domicilio, elevarían por este concepto los costes de distribución en más de 40 puestos anuales directos (los 40 puestos adicionales anuales son la diferencia de recursos humanos necesarios para atender el servicio postal de las nuevas urbanizaciones entre la propuesta del órgano Regulador y la de Correos), además de otros costes: puestos de trabajo indirectos, vehículos, locales, etc.
En este momento hay aproximadamente 6.100 instalaciones de casilleros concentrados (algunos de ellos en zonas que no cumplen los requisitos de identificación del Art. 32 del Reglamento Postal) con 600.000 casilleros instalados, y por tanto, dando servicio a otras tantas 600.000 viviendas, en su mayor parte sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal.
La mayoría de las instalaciones están situadas en zonas de costa; se trata de entornos con un nivel de construcción superior al de 10 viviendas por hectárea. Se estima que en el 90% de los entornos dónde se ubican buzones concentrados pluridomiciliarios no se cumpliría el supuesto de “gran desarrollo y baja densidad de población” previsto en la redacción actual del proyecto de Real Decreto, al tener un número de viviendas superior a 10 por hectárea, a pesar de que el número de habitantes y de que los envíos sean muy inferiores a los contemplados en la propuesta. Por tanto, el supuesto se cumpliría en un escaso porcentaje de viviendas que puede considerarse como testimonial, como máximo el 10% de ellas (60.000 viviendas)
Con estos datos se plantea un problema de coexistencia entre la nueva normativa y la antigua, y el de que 540.000 viviendas tengan que dejar de ser atendidas mediante casilleros concentrados, siendo necesario cambiar las instalaciones postales para la recepción de la correspondencia, con lo que ello supone.
El carácter predominante en la mayor parte de estos nuevos espacios urbanos o “rururbanos” es el de su preferente o casi exclusivo destino residencial o de áreas de servicios, el de su baja densidad de población permanente (D/P/H/), comparada con los entornos urbanos tradicionales, y el carácter de privacidad o aislamiento que suelen tener cada una de estas unidades, fruto tanto de iniciativas constructoras globales (urbanizaciones o colonias), como de aspectos nuevos, tales como la inseguridad o los cambios producidos en los modelos habitacionales y en las formas de relación.
En general, la mayor parte de la población está conforme con el sistema de casilleros, ya sea por razones de comodidad, (supone cercanía a sitios frecuentados), como por razones de seguridad (no se desea que se pueda constatar el carácter de segunda residencia a través de la correspondencia en el buzón).
El problema que se apunta es que el impacto de una nueva regulación en la situación existente, (que tiene algún detractor pero principalmente partidarios,) es la consecuencia en el régimen de funcionamiento de las urbanizaciones.
Por todo ello, la respuesta más razonable y viable para el operador público es considerar cada una de estas áreas residenciales (constituidas predominantemente por viviendas unifamiliares y de edificación horizontal) o de servicios, como unidades poblacionales globales, a las que dar servicio regular en todos los días laborables, en igualdad de trato con todos los usuarios de los servicios postales. Sólo así es posible (agrupando en un solo punto la entrega) prestar el mismo servicio que se da en las viviendas tradicionales de edificación en vertical multifamiliares. Así, resulta por una parte, que el servicio se presta con la adecuada calidad, y por otra, que sea económicamente viable para el operador público, y no se multiplica indefinidamente el crecimiento en el número de empleados, que llevaría a ahogar el modelo de prestación universal actualmente existente.
540.000 viviendas estarían afectadas por el cambio del sistema de distribución si se pasas a repartir a domicilio los entornos atendidos actualmente mediante casilleros concentrados. Sería necesario un incremento de 627 puestos de trabajo directos, además de otros costes: otros puestos de trabajo directos, indirectos, vehículos, locales, etc.
Y además, habría que considerar paulatinamente las necesidades derivadas de la creciente expansión urbanística de este tipo de entornos (más de 200.000 viviendas unifamiliares año)
Sólo el coste anual de los puestos de trabajo directos (los demás no se cuantifican) supondrían 14,75 millones de euros al año:
Coste de un cartero en moto: 20.462 euros/año
Coste de un puesto (20.462 x 1,15) = 23.531 euros/año (el coste de un puesto es superior a la de una persona/año, ya que es necesario cubrirlo en vacaciones, días de asuntos propios, bajas, ausencias, etc)
Coste anual (23.531 x 627) = 14.752.937
Cada año, de forma acumulativa, y teniendo en cuenta solo los puestos de trabajo directos, el crecimiento de viviendas unifamiliares de segunda residencia incrementaría los gastos de personal en un millón de euros (42 efectivos más al año por 23.531 euros de coste de cada puesto de trabajo = 988.302 euros
La necesidad de cubrir el vacío legal existente para los nuevos entornos lleva a Correos a realizar entregas domiciliarias en algunas urbanizaciones que de otra forma serían atendidas mediante estas formas alternativas. Forzosamente se rompe el principio de equidad en el trato al ciudadano. La nueva redacción del Organismo Regulador, debe poner fin a la cuestión de cómo es más conveniente realizar el reparto ordinario en todos los tipos de entornos mencionados.
Definir la cuestión de los entornos, será una buena condición para poder asumir los compromisos de calidad del Servicio Postal Universal y sus posibilidades reales de alcanzar los objetivos de calidad en el producto carta ordinaria en 93% para el año 2009, 92% para el 2008, y 91% para el 2007,
Consideramos que en los parámetros de medición de calidad debería introducirse que ésta se realizará sobre “muestras representativas”, lo que permite que el resultado de la medición sea un reflejo de la actividad postal ordinaria, y que debe reconsiderarse el término “como mínimo una vez al año…” ya que el sistema de medición actual es permanente y continuo, y además sustituir “resultados obtenidos” por “resultados medios obtenidos”, ya que estos resultados se comparan con los plazos medios.
Ahora sería justo y por interés propio debatirlo por parte de los carteros, aunque eso está por ver...
Con el objetivo común del Operador público y del Regulador Postal de mejorar la calidad del Servicio Postal Universal, redactamos este Informe con la intención de manifestar posición ante la nueva redacción del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica parcialmente el Reglamento por el que se regula la prestación de los Servicios Postales. A la propia elaboración, ( ) se añaden algunos de los argumentos del Operador público, ( ), porque parecen la mejor fuente de información y de explicación para las nuevas situaciones que se están planteando a diario en la entrega postal.
El Organismo Regulador Postal plantea el supuesto de “gran desarrollo de construcción y mínima densidad de población”, cuándo se den conjuntamente estas tres situaciones:
- Que haya menos o igual de 10 viviendas por hectárea
- Que haya menos o igual de 25 habitantes por hectárea
- Que haya menos o igual de 5 envíos a la semana por vivienda. (1 envío al día)
La necesaria concurrencia de las tres condiciones que se contemplan, obligaría a Correos a realizar un reparto domiciliario en numerosos entornos que actualmente disponen de casilleros concentrados. Esto requeriría un altísimo coste adicional para el Servicio Postal Universal, que deberá ser sufragado bien por el conjunto de los ciudadanos, mediante incremento de precios, o bien por el Estado a través de los mecanismos previstos en la Ley Postal
Durante los últimos diez años destacan dos fenómenos demográficos que afectan al poblamiento en España y, a través de éste, a la prestación de ciertos servicios públicos, como es el correo.
Por un lado, se ha incrementado la población urbana en España, que supera ya el 77 % de la población total (1), pero, a la par, se han adoptado nuevas formas de poblamiento, siguiendo pautas diferentes a las tradicionales de una población concentrada y a los límites espaciales definidos de las ciudades.
Casi todas las ciudades españolas (Madrid * es un buen ejemplo de ello) han incrementado, o incluso duplicado, la superficie ocupada, sin que ello haya significado necesariamente un aumento demográfico proporcional. Ha crecido mucho más la ciudad y los servicios que proporciona que su población total.
* Madrid (ciudad) tiene una media algo superior a los 50 H/P/H (habitantes por hectárea), pero unos caracteres muy diferentes según distritos y barrios. El distrito de Chamberí, el más poblado, alcanza los 322 habitantes por hectárea, y con algo menos de 300 se sitúan distritos socioeconómica y urbanísticamente tan diferentes como Salamanca y Tetuán.
En el extremo contrario se sitúan los de Fuencarral-El Pardo y Barajas, que no llegan a 10 habitantes por hectárea y Villa de Vallecas con unos 12. Sin embargo, la realidad estadística enmascara unas situaciones reales muy distintas de la que ésta proporciona: en los dos primeros casos su baja densidad se debe a la presencia de amplias áreas no habitables (Bosque de El Pardo y Aeropuerto de Barajas), mientras que en el distrito de Villa de Vallecas el fortísimo desarrollo urbano que se está produciendo lo transformará en muy poco tiempo en uno de los más populosos de Madrid.
El crecimiento reciente de Madrid, entre el viejo casco urbano y la M-40 (incluso sobrepasando esta frontera viaria) duplicará en muy poco tiempo la superficie urbanizada de la ciudad, con un crecimiento demográfico que solo supondrá entre un 10 y un 15 % más de población (entre 300.000 y 500.000 nuevos habitantes) (1)
Por otra parte, en las zonas de costa o en otros lugares atractivos para la residencia (por causas muy diversas, ya sean económicas, de comunicación, medioambientales, etc..) se ha producido una auténtica explosión constructiva, combinándose en la utilización de estas nuevas viviendas el carácter de primeras residencias (sobre todo de jubilados españoles y extranjeros o exponentes del teletrabajo) con el de residencias veraniegas y segundas residencias, gracias a la mejora en accesibilidad viaria, a la facilidad de las telecomunicaciones o a otros factores socioeconómicos.
El parque oficial de viviendas del año 2001, indica que sólo un 68,4% de las viviendas son primeras residencias, el 16,04% lo constituyen segundas residencias y el 13,95 % se trata de viviendas vacías. Si tenemos en cuenta el dato de evolución anual de viviendas construidas (800.000 en los últimos años) y que, al menos, un 25% de estas viviendas son unifamiliares, tendríamos 200.000 nuevas viviendas de este tipo, y de ellas, un mínimo del 16% como segunda residencia
Teniendo en cuenta solo las segundas residencias, es decir, sin considerar las viviendas vacías, 35.000 nuevas viviendas unifamiliares se construyen al año, que al tener que atender en un 90% a domicilio, elevarían por este concepto los costes de distribución en más de 40 puestos anuales directos (los 40 puestos adicionales anuales son la diferencia de recursos humanos necesarios para atender el servicio postal de las nuevas urbanizaciones entre la propuesta del órgano Regulador y la de Correos), además de otros costes: puestos de trabajo indirectos, vehículos, locales, etc.
En este momento hay aproximadamente 6.100 instalaciones de casilleros concentrados (algunos de ellos en zonas que no cumplen los requisitos de identificación del Art. 32 del Reglamento Postal) con 600.000 casilleros instalados, y por tanto, dando servicio a otras tantas 600.000 viviendas, en su mayor parte sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal.
La mayoría de las instalaciones están situadas en zonas de costa; se trata de entornos con un nivel de construcción superior al de 10 viviendas por hectárea. Se estima que en el 90% de los entornos dónde se ubican buzones concentrados pluridomiciliarios no se cumpliría el supuesto de “gran desarrollo y baja densidad de población” previsto en la redacción actual del proyecto de Real Decreto, al tener un número de viviendas superior a 10 por hectárea, a pesar de que el número de habitantes y de que los envíos sean muy inferiores a los contemplados en la propuesta. Por tanto, el supuesto se cumpliría en un escaso porcentaje de viviendas que puede considerarse como testimonial, como máximo el 10% de ellas (60.000 viviendas)
Con estos datos se plantea un problema de coexistencia entre la nueva normativa y la antigua, y el de que 540.000 viviendas tengan que dejar de ser atendidas mediante casilleros concentrados, siendo necesario cambiar las instalaciones postales para la recepción de la correspondencia, con lo que ello supone.
El carácter predominante en la mayor parte de estos nuevos espacios urbanos o “rururbanos” es el de su preferente o casi exclusivo destino residencial o de áreas de servicios, el de su baja densidad de población permanente (D/P/H/), comparada con los entornos urbanos tradicionales, y el carácter de privacidad o aislamiento que suelen tener cada una de estas unidades, fruto tanto de iniciativas constructoras globales (urbanizaciones o colonias), como de aspectos nuevos, tales como la inseguridad o los cambios producidos en los modelos habitacionales y en las formas de relación.
En general, la mayor parte de la población está conforme con el sistema de casilleros, ya sea por razones de comodidad, (supone cercanía a sitios frecuentados), como por razones de seguridad (no se desea que se pueda constatar el carácter de segunda residencia a través de la correspondencia en el buzón).
El problema que se apunta es que el impacto de una nueva regulación en la situación existente, (que tiene algún detractor pero principalmente partidarios,) es la consecuencia en el régimen de funcionamiento de las urbanizaciones.
Por todo ello, la respuesta más razonable y viable para el operador público es considerar cada una de estas áreas residenciales (constituidas predominantemente por viviendas unifamiliares y de edificación horizontal) o de servicios, como unidades poblacionales globales, a las que dar servicio regular en todos los días laborables, en igualdad de trato con todos los usuarios de los servicios postales. Sólo así es posible (agrupando en un solo punto la entrega) prestar el mismo servicio que se da en las viviendas tradicionales de edificación en vertical multifamiliares. Así, resulta por una parte, que el servicio se presta con la adecuada calidad, y por otra, que sea económicamente viable para el operador público, y no se multiplica indefinidamente el crecimiento en el número de empleados, que llevaría a ahogar el modelo de prestación universal actualmente existente.
540.000 viviendas estarían afectadas por el cambio del sistema de distribución si se pasas a repartir a domicilio los entornos atendidos actualmente mediante casilleros concentrados. Sería necesario un incremento de 627 puestos de trabajo directos, además de otros costes: otros puestos de trabajo directos, indirectos, vehículos, locales, etc.
Y además, habría que considerar paulatinamente las necesidades derivadas de la creciente expansión urbanística de este tipo de entornos (más de 200.000 viviendas unifamiliares año)
Sólo el coste anual de los puestos de trabajo directos (los demás no se cuantifican) supondrían 14,75 millones de euros al año:
Coste de un cartero en moto: 20.462 euros/año
Coste de un puesto (20.462 x 1,15) = 23.531 euros/año (el coste de un puesto es superior a la de una persona/año, ya que es necesario cubrirlo en vacaciones, días de asuntos propios, bajas, ausencias, etc)
Coste anual (23.531 x 627) = 14.752.937
Cada año, de forma acumulativa, y teniendo en cuenta solo los puestos de trabajo directos, el crecimiento de viviendas unifamiliares de segunda residencia incrementaría los gastos de personal en un millón de euros (42 efectivos más al año por 23.531 euros de coste de cada puesto de trabajo = 988.302 euros
La necesidad de cubrir el vacío legal existente para los nuevos entornos lleva a Correos a realizar entregas domiciliarias en algunas urbanizaciones que de otra forma serían atendidas mediante estas formas alternativas. Forzosamente se rompe el principio de equidad en el trato al ciudadano. La nueva redacción del Organismo Regulador, debe poner fin a la cuestión de cómo es más conveniente realizar el reparto ordinario en todos los tipos de entornos mencionados.
Definir la cuestión de los entornos, será una buena condición para poder asumir los compromisos de calidad del Servicio Postal Universal y sus posibilidades reales de alcanzar los objetivos de calidad en el producto carta ordinaria en 93% para el año 2009, 92% para el 2008, y 91% para el 2007,
Consideramos que en los parámetros de medición de calidad debería introducirse que ésta se realizará sobre “muestras representativas”, lo que permite que el resultado de la medición sea un reflejo de la actividad postal ordinaria, y que debe reconsiderarse el término “como mínimo una vez al año…” ya que el sistema de medición actual es permanente y continuo, y además sustituir “resultados obtenidos” por “resultados medios obtenidos”, ya que estos resultados se comparan con los plazos medios.
Ahora sería justo y por interés propio debatirlo por parte de los carteros, aunque eso está por ver...
