Cosas de Carteros

http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli

Las huelgas en verano se le atragantana las empresas españolas

Expansión
17.08.07
Edurne Iriguíbel

Llega el verano, el calor y, con ellos el auge de las huelgas en las empresas españolas. Los empleados se revelan contra sus directivos y piden mejoras como aumentos de personal y salario, cumplimiento sistemático de la empresa y reducción de jornadas laborales. Las empresas se ven obligadas a paralizar sus servicios y acumulan pérdidas.

En Alemania, sin embargo, la noticia de este verano fue que la Justicia del país germano decidió prohibir la huelga de cuatro horas que los maquinistas de los ferrocarriles germanos Deutsche Bahn querían llevar a cabo desde el pasado 9 de agosto hasta el 30 de septiembre en el transporte de mercancías porque los daños económicos serían excesivos. Así, el tribunal laboral de Nuremberg (sur de Alemania) decidió en un procedimiento rápido que esta prohibición también fuera válida para el transporte de personas.

Dicho tribunal consideró que una huelga en Deutsche Bahn en plena temporada de vacaciones originaría enormes daños para la economía alemana.

Este asunto ha sembrado la polémica en España porque las presiones sindicales siempre han impedido promulgar una ley de huelga en el país. Así, la primera vez que se reguló el derecho de huelga en España fue mediante el Real Decreto Ley 17/1977 de Relaciones de Trabajo, que es preconstitucional y que, principalmente, pretendía legalizar la huelga tras la proscripción franquista.

Posteriormente, y aunque la Constitución Española defiende este derecho en el artículo 28.2, no se ha llevado a cabo su desarrollo mediante ley orgánica, pese a algún esfuerzo como el frustrado proyecto de 1992.

Las fuerzas políticas se han plegado asimismo a la voluntad sindical y los ciudadanos españoles han sufrido este verano las molestias provocadas por las huelgas de los trabajadores de Renfe y Adif en Barcelona, la plantilla de Saica en Zaragoza, los empleados de Spanair, los trabajadores de Aldeasa, el balneario Vichy Catalán, y los de la empresa de limpieza El Mirlo en Almuñécar (Granada).

- Renfe y Adif. El comité provincial de la empresa en Barcelona convocó movilizaciones y huelgas para los días 3, 4, 6, 7, 10 y 11 de agosto ante la "falta generalizada de plantillas y el abandono constante de servicios por parte de la empresa pública".Los trabajadores de Renfe se quejaban del cierre de estaciones, de la privatización o subcontratación del mantenimiento de actividades para el buen servicio público, así como de la continua reducción de plantilla en la venta de billetes, en atención al cliente, en puestos de circulación, maniobras, estaciones y talleres.

- Spanair. Los tripulantes de los aviones de la empresa convocaron paros los días 25 de junio, 1,9, 15 y 31 de julio. El Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (Sitcpla) de la empresa informó el pasado 4 de junio de que el motivo de la huelga era la protesta por los reiterados incumplimientos de los pactos y acuerdos alcanzados con la dirección de la aerolínea, la excesiva ampliación de las jornadas laborables, la escasez de personal y la continuada pérdida del poder adquisitivo.

- Saica. Unos 350 trabajadores de la papelera Saica de Zaragoza y El Burgo realizaron huelgas el día 27 de julio y 10 de agosto para pedir a la dirección de la compañía que redujese la jornada anual de los trabajadores afectados por el convenio sectorial y el pacto de empresa.

- Vichy Catalán. La plantilla del balneario de Gerona convocó huelgas para los días 15 y 29 de agosto, así como también para los próximos 15, 22 y 23 de septiembre para protestar por la situación laboral de los trabajadores.

- Aldeasa. Los empleados de la empresa en el aeropuerto de Barajas realizaron paros los días 30 de julio, 31 de julio, 1, 14 y 15 de agosto, para demandar mejoras laborales. Las primeras huelgas provocaron el cierre de varios establecimientos del aeropuerto madrileño, pero las grandes tiendas quedaron abiertas. Además, se han convocado otras huelgas para los días 31 de agosto, 1, 2, 15 y 16 de septiembre.

- El Mirlo. El comité de la empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza urbana en Almuñécar (Granada) convocó una huelga indefinida desde el pasado 4 de agosto hasta el 9 del mismo mes por incumplir el convenio del colectivo firmado hace un año.

Huelgas europeas

La Gaceta de los Negocios
Editorial
13.08.07

En las dos grandes potencias europeas, Alemania y Francia han coincidido en el tiempo referencias al ejercicio del derecho a la huelga en los servicios públicos. En Alemania, un tribunal laboral ha prohibido una huelga de cuatro horas convocada por los maquinistas de los ferrocarriles de mercancías desde el jueves pasado hasta el 30 se septiembre. El Tribunal ha considerado que el daño a la economía sería enorme e irrecuperable y extendió la prohibición de la huelga al transporte de personas.

Entretanto, el Partido Socialista francés ha presentado ante el Consejo Constitucional un recurso contra la Ley de Servicios Mínimos en el transporte, que fue uno de los argumentos electorales más apasionados de Sarkozy, aprovechando el hartazgo de los franceses por las huelgas padecidas. La Ley, que impone ciertas condiciones a la participación y a la duración de los paros, fue aprobada el 2 de agosto por la mayoría conservadora.

En España, casi simultáneamente, se produjo una huelga encubierta de maquinistas del AVE y se anunciaron por parte de UGT paros en este puente festivo. Nuestra Constitución, en cuanto al derecho a la huelga, señala taxativamente que hay que garantizar los servicios esenciales (que no mínimos) mediante una ley. No tenemos, de entrada, el problema constitucional de Francia y, como ahora ha ocurrido en Alemania, los tribunales han impuesto condiciones a determinadas huelgas, que en servicios públicos siempre llevan aparejados los servicios esenciales, aunque casi siempre se incumplen.

Está pendiente y, a lo que parece, lo va a estar por mucho tiempo, el desarrollo constitucional del Artículo 28. 2 de la Constitución. Las razones nunca han sido explicadas. Ni los gobiernos socialistas ni en el interregno del PP se hizo nada por concertar el desarrollo constitucional. Los sindicatos se aferran a un parafraseo liberal, la mejor ley de huelga es la que no existe, para administrar ellos este derecho y los empresarios sólo tibia y coyunturalmente lo han planteado.

Por razones de seguridad jurídica y por cumplimiento del mandato constitucional, la huelga debe regularse. Y el mejor momento es cuando no hay conflictos laborales agudos a la vista.

EL PAÍS
OCTAVI MARTÍ
01/08/2007

Sarkozy planta cara a los sindicatos franceses

El Parlamento se dispone a aprobar una estricta ley de servicios
mínimos para regular las huelgas

"¡Hay que acabar con la impotencia de los poderes públicos!", clamaba el candidato Nicolas Sarkozy. "Lo que he prometido, lo hago", asegura ahora el presidente de Francia. Y si el pasado mes de abril garantizaba que "los transportes públicos funcionarán tres horas para poder ir al trabajo y tres horas para regresar de él [pues] es inaceptable que los franceses sirvan de rehenes durante las huelgas", ahora la Asamblea Nacional se dispone a aprobar -mañana, 2 de agosto- una ley llamada de "servicios mínimos" que, en realidad, se denomina "ley sobre el diálogo social y la continuidad del servicio público en los transportes públicos terrestres". Los sindicatos franceses lanzaron ayer una jornada de movilizaciones y anunciaron un "otoño caliente".

Entre 1.000 y 2.000 mil sindicalistas se concentraron ayer ante la sede de la Asamblea Nacional en París; unos 300, ante las prefecturas (delegaciones del Gobierno) de Toulouse y Lille, y unos 500 en la de Marsella... La jornada de lucha contra la ley que pretende instaurar "servicios mínimos" en los transportes públicos franceses -una medida que ya existe en las instalaciones nucleares y en hospitales públicos- tuvo escaso éxito.

"Teníamos que mostrar nuestra desaprobación", dijo el portavoz del sindicato Fuerza Obrera, al tiempo que admitía que "no resulta fácil movilizar en un 31 de julio". Para el líder de la central CGT, Bernard Thibault, "ya comienzan a sumarse los motivos de descontento, y el verano no arreglará nada. Es evidente que en otoño habrá conflictos".

A los representantes de los transportes públicos también se sumaron ayer los delegados del sindicato de periodistas -inquietos por los proyectos que comienzan a filtrarse sobre el futuro de la televisión y la radio públicas- y líderes sindicales de la enseñanza: los profesores indignados desde que el primer ministro, François Fillon, anunciara que los "servicios mínimos" también deberían aplicarse a los educadores.

Al renunciar a organizar ayer desfiles multitudinarios -puede que fuera de sus posibilidades reales de movilización en estas fechas- los sindicatos se limitan por ahora a quejarse en público y en voz alta por una reforma cuyo alcance es todavía impreciso y, en cualquier caso, no instaura realmente "unos servicios mínimos".

Las concentraciones sindicales han sido un simple gesto para la galería, pero pueden radicalizarse en otoño, cuando, tal y como augura Thibault, se "sumen" las razones de descontento, entre ellas, no cubrir todos los puestos de funcionarios que se jubilan.

La diferencia entre lo prometido y lo votado es hija de la voluntad de confusión de Sarkozy. Su idea de imponer unas horas mínimas de funcionamiento, acompañada de la presencia en el puesto de trabajo de los funcionarios correspondientes, ha sido abandonada por otra alternativa: ahora cada trabajador del sector del transporte público tendrá que comunicar a su empresa, con una antelación de dos días, su voluntad de hacer huelga. O de no hacerla, claro. Y si la huelga dura más de una semana, entonces será obligatorio ratificar la continuidad de los paros mediante voto secreto. Por último, los diputados de la mayoría conservadora quieren que quede radicalmente prohibido el abono de los días de huelga.

Para los sindicatos, el preaviso de 48 horas para participar o no en una huelga es visto como una forma ilegal de control de la actividad de los trabajadores. Los partidos de izquierda ya han anunciado que recurrirán la ley ante el Consejo Constitucional.

La nueva ley, sin embargo, no garantiza la existencia de los servicios mínimos. Por ejemplo, si el 50% de los trabajadores de los ferrocarriles o del metro de París, decide ir a la huelga, no habrá manera de asegurar a los viajeros que los servicios para ir al trabajo. De entrada, porque muchas líneas necesitan de la presencia del 90% de su plantilla para funcionar. Además, nada lleva a pensar que el 50% de los huelguistas se distribuirá uniformemente entre todos los sectores.

Para la derecha, el problema real es el fantasma de las huelgas del otoño de 1995 que derribaron el Gobierno de Alain Juppé y llevaron a los socialistas al poder en 1997. Entonces, durante un mes, ferroviarios y trabajadores del metro y autobuses de la capital paralizaron la economía.

Desde 1995, la situación ha cambiado de manera sustancial. En 2006, sólo se perdieron un 0,13% de horas laborales en los ferrocarriles estatales SNCF a causa de huelgas. Los mecanismos de prevención de conflictos parecen funcionar mejor ahora, y los sindicatos saben que el 70% de los ciudadanos es favorable al establecimiento de "servicios mínimos".

El presidente francés dejó también ayer clara su intención de cumplir cuanto antes otra controvertida promesa electoral, que en este caso supondría una revolución. En Dax, al suroeste del país, Sarkozy anunció el fin de la gratuidad total de la sanidad pública.

Con el objetivo, subrayó Sarkozy, de crear un fondo para la investigación del Alzheimer, el cáncer y otras enfermedades, todos los pacientes deberán pagar 50 céntimos cada vez que visiten un médico de la sanidad pública, otros 50 céntimos cuando se les prescriba un medicamento y dos euros cuando utilicen transporte médico, como por ejemplo una ambulancia. Si prosperan los planes del presidente, las familias pobres quedarán exentas del pago y se fijaría un tope de 50 euros por persona y año.


UNA LEY POLÉMICA

La norma estipula que el transporte público funcione, si hay huelga, tres horas por la mañana y otras tres por la tarde

Cada trabajador del sector del transporte deberá comunicar su voluntad de parar con dos días de antelación

Si el paro dura más de una semana, será obligatorio ratificar la continuidad de los paros mediante voto secreto

El primer ministro, François Fillon, pretende que la ley también se aplique a los educadores de escuelas e institutos

Sindicatos franceses protestan por ley para huelga de transporte

REUTERS
31 de Julio, 2007
Francois Murphy

Los sindicatos francesas realizaban el martes protestas en toda la nación contra un proyecto del Gobierno que apunta a introducir restricciones a su derecho a huelga en el sector del transporte público, propenso a las disputas.

Las concentraciones, programadas en decenas de ciudades, son las primeras protestas sindicales amplias contra una de las reformas planeadas por el presidente Nicolas Sarkozy, que también incluyen reducciones de impuestos y un endurecimiento de las sentencias para los delincuentes reincidentes.

"¡Inútil! ¡Escandaloso! ¡Votado a escondidas en medio del verano!," cantaban varios cientos de manifestantes cerca la Asamblea Nacional del Parlamento en París, en donde los legisladores estaban debatiendo el proyecto.

La policía dijo que unas 2.000 personas estaban en la concentración de París, mientras que los organizadores estimaron 4.000.

Durante la campaña electoral de este año, Sarkozy prometió que introduciría nuevas reglas, obligando a los trabajadores del transporte a dar aviso de cualquier huelga con 48 horas de anticipación y forzándolos a realizar una votación secreta sobre la duración de la medida.

"El derecho a huelga en nuestro país es un derecho constitucional, es un derecho individual," afirmó Jean-Claude Mailly, líder del sindicato FO, a radio Europe 1.

"Es por ello que nos parece lógico que un trabajador pueda elegir hasta el último momento, dependiendo de las negociaciones, si participar o no de una huelga," agregó.

REGLAS MAS DURAS

Las encuestas de opinión revelan que el público respalda reglas más duras para las huelgas, que el Gobierno presentó como un intento por proteger a los trabajadores de los paros salvajes.

El líder del influyente sindicato CGT dijo que no hay necesidad de un período de aviso de dos días. Añadió que si se aprueba la norma, su grupo le pediría al Consejo Constitucional, que puede vetar una legislación, que revise si viola la carta fundamental.

"Es, por sobre todas las cosas, una medida intimidatoria que apunta a presionar a los trabajadores," dijo el jefe de la CGT, Bernard Thibault, al periódico Le Parisien.

Las protestas del martes posiblemente no cambien el resultado en el Parlamento, en donde el bloque de centroderecha de Sarkozy tiene la mayoría.

EL PAÍS
EDITORIAL
Reciprocidad con Latinoamérica
19/08/2007

Los recientes movimientos corporativos en varios conglomerados de medios de comunicación ponen de relieve que los procesos globales están afectando al mundo de la información y el entretenimiento con una pujanza comparable a la que se puede comprobar en el sector financiero. La compra de Dow Jones por Rupert Murdoch no es así un hecho aislado o fortuito. Responde a la lógica de una empresa global en un mercado global, y también a la nada desdeñable circunstancia de que Murdoch encabeza visiblemente la internacional conservadora. Su apoyo sin reservas a las políticas de Reagan y Thatcher, la belicosidad de su cadena de televisión, Fox, o su defensa entusiasta de la intervención armada en Irak son algunos de los hitos que explican la presencia ahora, en su Consejo de Administración, del ex presidente español, José María Aznar. Murdoch no es nadie que haya ocultado sus ideas, más bien retrógradas, y es conocida la capacidad abusiva que tiene a la hora de intervenir en la línea de los medios que posee.

Por los mismos días en que se anunciaba dicha compra del diario neoyorquino, se produjo también la adquisición del periódico El Tiempo de Bogotá a cargo del grupo español Planeta, y la de la primera cadena de radio chilena por parte de PRISA. Al margen de las ostensibles diferencias entre ambos hechos (Planeta edita el diario de la derecha radical española, La Razón, y controla Antena 3, mientras PRISA posee EL PAÍS y la SER), dichas noticias ponen de relieve que un mercado tan amplio como el hispanoparlante constituye una oportunidad para que las empresas de medios (argentinas, españolas, mexicanas, chilenas o de cualquier otra nacionalidad) puedan operar globalmente. La existencia de más de cuarenta millones de hablantes de español en Estados Unidos hace además que ese mercado resulte especialmente atractivo. La incidencia electoral de los hispanos en los comicios norteamericanos (habitualmente prodemócratas, excepto en el área de Miami) permite pronosticar que los grupos de opinión ultraconservadores han de fijarse con mayor atención en el futuro del sector de los medios de comunicación latinoamericanos.

Aznar se mueve cada vez con mayor desparpajo en el mundo de los negocios internacionales, en el que existe constancia de su actividad en pro de los grupos mediáticos de la derecha, coherente con su política de intervencionismo contra los medios de comunicación independientes durante su etapa en el Gobierno. Pero mientras él comprende bien los entresijos del sector y las consecuencias políticas de cómo se distribuya el poder en el mismo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero continúa evidenciando cierta falta de criterio en esta materia. La retórica sobre nuestra política en Latinoamérica no acaba de ocultar las deficiencias profundas que padece. Como muestra basta un botón: la oportunidad de que los grupos de medios hispánicos (españoles o latinoamericanos) puedan operar libremente en lo que resulta su mercado natural (una misma lengua, una misma cultura) viene siendo obstaculizada por la diversidad de legislaciones nacionales, que no favorece a las empresas españolas.

Precisamente fue Aznar quien ordenó una modificación legal que permite a cualquier extranjero, por ejemplo, ser propietario del cien por cien de una cadena de televisión en España. De modo que la mexicana Televisa, que es ya dueña del 40% de La Sexta, podría hacerse con la totalidad de la misma, o Murdoch comprar Antena 3 si se la vendieran. Pero las empresas españolas no pueden en absoluto operar una televisión en México y tienen limitada a un 25% su eventual participación en una cadena de Estados Unidos.

En sentido contrario, países americanos que obstaculizan poco o nada las inversiones españolas se encuentran con que sus empresas topan con dificultades difíciles de aceptar o explicar, como por ejemplo un límite del 25% de participación en una radio española. Las empresas iberoamericanas deberían moverse en el mercado global del español de forma absolutamente liberalizada, lo que permitiría aumentar su competencia y eficacia. Liberalizado o no el mercado, el principio de reciprocidad debe imponerse.

Algunos comentaristas malintencionados vieron en el nombramiento de Aznar para el consejo de Murdoch una compensación a los servicios prestados por ese cambio legal que facilitaría en cualquier momento la llegada del magnate australiano al mercado español. Más difícil resulta entender que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no exija y aplique cuanto antes el principio de reciprocidad, dentro de la liberalización más absoluta, con los Gobiernos de todas las repúblicas hermanas de América Latina. Estamos seguros de que todos los Gobiernos del área se mostrarán dispuestos a cooperar. Si alguno no quiere reciprocidad, será coherente entonces que las empresas de sus nacionales no tengan aquí más ni mejores facilidades que las de los españoles en ese país. De otra forma, los responsables tendrán que explicar por qué.

Odiel Información
F. Huelva

En el pasado se llamaba así a la “escribanía”, una suerte de bandeja en la que venían un tintero, un plumillero con plumas de aves afiladas, un arenillero para secar la tinta –luego sustituido por el secante-, y una campanilla para llamar a la persona que debía hacer la entrega de la carta. Posteriormente, la necesidad de aligerar las comunicaciones llevó el uso del “recado de escribir” desde las casas principales a los lugares de reunión y de tránsito; es decir: hoteles, casinos, asociaciones culturales, círculos mercantiles y hasta al propio tren. Hay infinidad de alusiones al respecto en la literatura de los siglos XIX y XX. La necesidad de comunicaciones rápidas y ágiles para el desarrollo del comercio y la industria, hicieron que los servicios postales fueren asumidos como una competencia estatal necesaria para el buen gobierno de cualquier país. El invento posterior de la telegrafía daría un salto cualitativo a la inmediatez necesaria en la transmisión de noticias y fue, asimismo, asumida por los gobiernos junto con el correo postal como herramientas imprescindibles para el desarrollo económico.

Pero parece, a mi entender, que esa dimensión pública necesaria de la universalización de dicho servicio –correos y telégrafos- como instrumento mediante el cual la ciudadanía ha podido comunicarse hasta ahora, está tocando fondo de una manera escandalosa en los últimos años. Las nuevas tecnologías: la telefonía, el fax, el correo electrónico y la videoconferencia van a apuntillar a este servicio otrora tan necesario en un plazo muy corto de tiempo. Lo único que parece salvarse por ahora de las tareas que ejercían estos servicios públicos, son los llamados “Parcels”: los servicios de paquetería. Los Estados están esgrimiendo que el servicio ya no es rentable -soportable para las arcas públicas- y están cerrando oficinas y reduciendo personal o, en su caso, manteniendo una plantilla mal pagada, con cada vez más trabajo por el aumento de población, y poco estimulada, con el consiguiente deterioro del mismo.

Pero lo que es curioso, a pesar de lo dicho, es que el servicio de correos, que, a mi humilde entender es un servicio público, o lo que es lo mismo, una obligación del Estado y un derecho de la ciudadanía independientemente del lugar en que resida –una pequeña aldea de Las Alpujarras o una gran ciudad- esté siendo objeto de batalla entre las multinacionales privadas por el control del mismo. O sea, que hay negocio. Y cuando el negocio entra en un sector determinado, lo único que busca es la máxima liquidez y lo que no entre en ese parámetro, no se atiende. Es decir, que si uno vive en una aldea alejada de una gran ciudad o en un núcleo residencial verá mermada la calidad o, en su caso, anulada, por no ser rentable para la empresa propietaria del mismo. Viene a colación esto porque de un tiempo a esta parte, el servicio postal español se está deteriorando de una forma –con todo respeto para los directivos responsables-, que da la impresión de ser deliberada. ¿Se está dejando morir a Correos? ¿Qué están haciendo los sindicatos mayoritarios? Esta muerte anunciada aunque poco aireada, esta privatización que asoma su negra zarpa ávida de dinero, trae escondida un deterioro del servicio, una pila de prejubilaciones y recolocaciones del personal funcionario, laboral o eventual y, que nadie lo dude, un negocio para una multinacional a la que le importa un bledo los derechos de la ciudadanía. Hoy, he pedido “recado de escribir” en defensa de los carteros de este país.

Necesaria regulación del derecho de huelga

Expansión
Opinión
20.08.07


España es uno de los países de la Unión Europea que soporta una mayor conflictividad laboral, lo que se traduce en millones de horas de trabajo perdidas al cabo del año. Las huelgas lógicamente suponen un sensible daño económico para las empresas afectadas, pero cuando se trata de prestadores de servicios públicos esenciales los grandes perjudicados acaban siendo los propios ciudadanos.

Este verano está siendo especialmente intenso en huelgas que afectan a servicios públicos, en particular las provocadas en importantes enlaces ferroviarios o en la recogida de basuras en núcleos urbanos turísticos, como el caso de Almuñecar. El caos producido el verano pasado en el aeropuerto de El Prat por las protestas de trabajadores de Iberia, las tradicionales movilizaciones del sindicato de pilotos Sepla o el insólito paisaje de automóviles averiados en las cunetas como consecuencia de la huelga de gruistas en algunas operaciones retorno son otros episodios que ilustran el grave perjuicio que se inflige al consumidor cuando es tomado como rehén de las reivindicaciones sectoriales de prestadores de servicios públicos, que recurren sistemáticamente a la presión de la huelga para lograr sus objetivos.
Este verano está siendo especialmente intenso en huelgas que afectan a servicios públicos, en particular las provocadas en importantes enlaces ferroviarios o en la recogida de basuras en núcleos urbanos turísticos, como el caso de Almuñecar. El caos producido el verano pasado en el aeropuerto de El Prat por las protestas de trabajadores de Iberia, las tradicionales movilizaciones del sindicato de pilotos Sepla o el insólito paisaje de automóviles averiados en las cunetas como consecuencia de la huelga de gruistas en algunas operaciones retorno son otros episodios que ilustran el grave perjuicio que se inflige al consumidor cuando es tomado como rehén de las reivindicaciones sectoriales de prestadores de servicios públicos, que recurren sistemáticamente a la presión de la huelga para lograr sus objetivos.

El buen funcionamiento de los servicios públicos de transporte es esencial para el desarrollo cotidiano de la actividad del país, máxime si se considera el perfil de España como importante destino turístico internacional. Debe ser tenido en cuenta el reciente ejemplo de Alemania, donde un tribunal laboral prohibió la huelga de los maquinistas de Deutsche Bahn por entender que en plena temporada de vacaciones orgininaría un enorme daño económico. La normativa española ofrece resortes para preservar, no sólo los derechos de los huelguistas, sino de los usuarios afectados, pero es cierto que la ausencia de una regulación orgánica del derecho de huelga dificulta las garantías de un uso razonable del mismo.

Hace ya más de tres décadas que la Constitución reconoció el derecho de los trabajadores a la huelga y estipuló que su ejercicio debería estar regulado por una ley que a día de hoy no existe, y cuya ausencia es suplida por un decreto preconstitucional del primer Gobierno de Suárez en 1977 y la jurisprudencia de algunas sentencias judiciales. Para evitar que el derecho de huelga colisione, como está ocurriendo, con otros derechos fundamentales, al igual que han hecho otro países europeos, es preciso que el Gobierno, con la anuencia de patronal y sindicatos, aborde un marco normativo que evite los reiterados abusos en los que el ciudadano es un mero convidado de piedra que acaba sufriendo la peor parte.



¿Por qué se habla tanto de huelga, en agosto? ¿Qué depara septiembre?

Las ETT quieren negociar la intermediación del empleo fijo

Cinco Días
20.08.07

Raquel Pascual

Francisco Aranda es Presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal


El representante de las grandes Empresasa de Trabajo Temporal reclama al Gobierno una liberalización de este sector y se muestra convencido de que sólo la formación da seguridad al trabajador.

Desde abril pasado, Francisco Aranda, jerezano, de 38 años, ocupa la presidencia de la patronal de las grandes empresas de trabajo temporal (Agett), que agrupa a los pesos pesados del sector (Adecco, Alta Gestión, Flexi Plan, Laborman, Randstad y Startpeople) y representa a estas compañías en la CEOE. Es experto en relaciones institucionales y tiene un claro empeño por el que dice que trabaja 'todos los días': conseguir una reforma legal que permita a las empresas de trabajo temporal (ETT) ser también intermediarias de empleo indefinido e impartir formación a los trabajadores.

Falta menos de un año para finalizar la legislatura. ¿Cómo ha tratado el Gobierno a las ETT?

Se han hecho cosas, pero no las suficientes. Estamos ante un cambio de ciclo en el mercado laboral, en España y en Europa. Pero en la UE se están dando más cuenta de que esto ha cambiado; que la globalización ha entrado; que la inmigración está aquí; que hay avances en las nuevas tecnologías; y que la población es mayor y está más envejecida. Ante todo esto hay que hacer cambios en el mercado laboral, y hacerlos ya. Por eso surge la flexiseguridad, de la que se habla tanto en Europa.

¿Cómo explicaría a un empresario español lo que significa el término flexiseguridad?

No es flexibilidad para la empresa y seguridad para el trabajador, como se suele explicar. Creo que ambos necesitan flexibilidad y seguridad. El empresario necesita flexibilidad para ser más competitivo y variar su plantilla en función de su producción, y la seguridad de un marco político y legal estable. Pero es que igualmente, el trabajador no sólo pide seguridad sino también flexibilidad porque tiene hijos y otras cosas que hacer. El que no entienda esto, de aquí a poco va a quedar fuera del mercado.

¿Se puede mejorar la seguridad del trabajador sin aumentar su protección por despido?

Al trabajador la seguridad le viene si se siente seguro en el trabajo o, mejor dicho, en el mercado laboral, no en el empleo que tenga en ese momento. En este debate surgen las empresas de trabajo temporal, que en Europa, donde sí pueden gestionar empleo indefinido -salvo en Luxemburgo, Grecia y España- colaboran con los servicios públicos de empleo y garantizan una seguridad entre un empleo y otro, dando al trabajador formación y dirigiéndole hacia su próximo empleo. La seguridad sólo te la da la formación, que te garantiza que si pierdes el empleo vas a encontrar otro sin problemas.

¿Qué ocurre en Estados Unidos, con un mercado más dinámico y más desregulado?

No, cuidado: nuestro modelo no es el de EE UU, es un modelo de Estado de Bienestar y eso lo podemos perder si no recuperamos la carrera del empleo. Como decía Jacques Delors: primero el empleo y luego el crecimiento. Si no, nos quedaremos sin valores en Europa. Hay otras vías, basadas en fomentar la formación. La formación no sólo te la debe dar tu empresa, sino que cada trabajador debería tener una cuenta personal de formación, y como ya están haciendo en Europa, que los cursos que realice cada uno incluso den la posibilidad de desgravarse fiscalmente a final de año.

Entre esos valores del Estado de bienestar que defiende para Europa está la protección por desempleo, que según muchos analistas es el verdadero freno del empleo. ¿Comparte esta opinión?

Es posible; pero tampoco es cierto que si reducimos ese colchón la gente vaya a ser mucho más proactiva a la hora de buscar empleo. Pueden levantarse a las siete en lugar de a las nueve para buscar trabajo, pero ¿adónde van a buscarlo? Además de ir al Inem, hacen falta otros canales: ahí surge el modelo de agencias globales de empleo, que es en lo que nos queremos convertir las ETT, si el Gobierno nos deja. Esto es, que además de gestionar empleo temporal, queremos también gestionar la búsqueda de empleo indefinido y dar formación a los trabajadores.

Si eso ocurriera, ¿qué pasaría con las oficinas del Inem?, ¿cómo se crearían las nuevas agencias de empleo?

Para empezar, quiero aclarar que el Inem es válido y nuestra posición nunca es excluyente. No queremos cerrar el Inem, porque hace unas funciones que deben mantenerse. Creemos que las ETT podrían convertirse en agencias de empleo y no necesitamos subvenciones ni ayudas especiales. Lo único que queremos es que la ley nos permita trabajar, aunque siempre de una forma muy regulada.

En definitiva, demandan una liberalización del sector ...

Sí, pero cuando nosotros hablamos de liberalizar el sector no hablamos ni de privatizarlo ni de desregularlo. Precisamente, el Gobierno y los sindicatos temen que se convierta en una privatización de los servicios públicos de empleo, pero no perseguimos eso en absoluto, queremos todo lo contrario. En Francia, los servicios públicos de empleo son más fuertes desde que empezaron en 2005 a colaborar con los servicios privados y los convirtieron por ley en intermediarios de empleo fijo y formación.

¿Qué impide a los sindicatos aceptar su propuesta de cambio?

Hay varios frenos. Primero, ningún Gobierno ha dotado de forma suficiente al Inem y, por ello, argumentan que antes de abrir el sector deberían invertir más dinero en las oficinas públicas de empleo. A esto hay que unir los temores de privatización que he mencionado. Y, en tercer lugar, los sindicatos forman parte de la estructura de los servicios públicos de empleo, ven lo que pasa dentro y temen quedarse fuera si entramos nosotros. Eso tampoco va a ocurrir y les proponemos configurar juntos el nuevo modelo y crear un órgano de seguimiento en el que estén ellos.

Tras unos años de fuertes concentraciones en el sector, ¿cómo se presenta el negocio de las ETT?

Las ETT sólo gestionan el 16% del empleo temporal en España, uno de los menores porcentajes en Europa, por lo que aún tenemos mucho recorrido. Y me consta que hay más multinacionales interesadas en comprar ETT en España.
'Las subidas de tipos pueden frenar en seco la economía'

'La actual situación económica es de incertidumbre controlada', asegura Francisco Aranda, quien se muestra 'absolutamente convencido' de que 'sólo nuevas subidas de los tipos de interés podrían frenar en seco la economía española'.

Al presidente de Agett no le preocupa tanto la desaceleración del empleo, que 'se preveía'. Cree que toda esta ralentización llegará de la destrucción de empleo en la construcción. Si bien, de momento, confía en que esos puestos se sustituyan con nuevo empleo industrial.

Asegura que la última reforma laboral, que ha provocado la conversión de dos millones de trabajadores temporales en fijos, 'no ha afectado a las ETT porque eran falsos temporales'.

Para Aranda, el problema capital de la economía española es la falta de formación adecuada de los trabajadores. 'Ya está bien de decir que se invierte en formación y que luego nunca se sepa adónde va el dinero. Hay que dirigir la formación a las necesidades del tejido empresarial. Sin formación, no existes', asevera. Y cree que el Gobierno ha desaprovechado la ocasión de reformar el empleo a tiempo parcial, para hacerlo más atractivo y desmitifica el abaratamiento del despido 'que por sí sólo no conseguiría nada'.

melillahoy.es
19.08.07

Melilla se beneficia de los 16 millones de euros que Correos invierte en informática

Angel Meléndez

La Oficina de Correos de Melilla, entre otras, se beneficiará de la aprobación reciente de la compra de 7.000 PC's y otros equipos periféricos, como impresoras láser, lectores ópticos o faxes, para ampliar y renovar su parque informático. En esta iniciativa va a invertir casi 15 millones de euros. La empresa postal pública continúa así su estrategia de incorporación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's).

El objetivo de Correos no es otro que reforzar la calidad y eficiencia del servicio postal y de dotar de mayores valores añadidos a los servicios y productos que oferta.

La inversión incluye la adquisición, instalación y configuración de 7.000 PC's, de ellos 480 portátiles; así como 4.115 impresoras láser, 3.900 impresoras validadoras, 1.475 faxes y 5.101 lectores ópticos, junto a diversos consumibles y otros equipos periféricos. Con esta adquisición, Correos actualizará un tercio de su parque de ordenadores y atenderá nuevas necesidades de equipamiento informático.

Lectorres inalámbricos
De los más de 5.000 lectores que va a adquirir la compañía postal pública, 1.350 son 'inalámbricos, 'bluetooth' o radiofrecuencia, que permitirán leer los códigos de barras de los envíos postales y enviar los datos obtenidos al sistema de información correspondiente, para garantizar la trazabilidad y el seguimiento de dichos envíos.

Los lectores ópticos se utilizarán en todos los procesos de admisión, transporte y distribución en los que se controle informáticamente los envíos: los 'bluetooth', asociados a equipos móviles, especialmente en transporte, los de radiofrecuencia, asociados a equipos de sobremesa, en centros de tratamiento logístico y Unidades de Servicios Especiales y los conectados por cable a un PC, en admisión y distribución.

Este nuevo equipamiento servirá para informatizar, ampliar y mejorar la dotación tecnológica de centros de trabajo.

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
El Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal ha aprobado también, en su última reunión, una inversión de 1.330.822 € para la compra e instalación de 14 equipos de digitalización de documentos.

Los nuevos equipos se instalarán en varios Centros de Tratamiento Automatizado (CTA) de CORREOS y en algunos de los más de 50 Centros de Tratamiento Provincial (CTP). Su puesta en producción servirá, mediante la captura de imágenes de los acuses de recibo, para facilitar su gestión y control centralizado.

lo de la estericia coli no fue más que una boutade graciosa, por parte de uno que ha utilizado microscopios electrónicos en el centro de microbiología de majadahonda..., casi como la Obregón :-)


Lo de las huelgas motivadas o no (auqnue si), me da que va a contar con el apoyo de la dcha., como las caceroladas de AméricaLatina

amo mimillo

9900 ;-)

EUROPA PRESS
20.08.07

finanzas.com
Economía/Empresas

Correos premia con un MP3 los envíos de dinero a través de Western Union en 206 oficinas


Correos regalará un MP3 a los inmigrantes residentes en España que realicen tres envíos de dinero a sus países de origen entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre, a través de Western Union y en cualquiera de las 206 oficinas de la enseña que participan en la campaña.

Según indicó la empresa postal en un comunicado, el objetivo es facilitar el envío de dinero a los más de cuatro millones de inmigrantes que viven en España y ofrecerles un servicio "rápido, sencillo y seguro".

Según Correos, la campaña, denominada 'Envío de dinero en Minutos', beneficiará, sobre todo, a los inmigrantes procedentes de Sudamérica, Marruecos y los Países del Este, que son los que más usan este servicio.

El proyecto se enmarca en el acuerdo que Correos firmó con Western Union en 1999 para realizar transacciones monetarias con más de 200 países en su red de 2.124 oficinas postales multiservicio.

regiondigital.com
20.08.07

Cáceres, Badajoz y Villanueva de la Serena en Badajoz participarán en la II Campaña de Verano de Correos


Las ciudades de Cáceres, Badajoz y Villanueva de la Serena participarán en la II Campaña de Verano de Correos, que premia los envíos de dinero realizados con Western Union con un MP3 de un Gigabit.


Según explica la nota remitida por Correos, las oficinas elegidas en Extremadura para esta campaña están ubicadas en localidades con alta presencia de inmigrantes, puesto que son estos los principales usuarios del servicio de envío de dinero.

Así, en las 206 oficinas elegidas por Correos en toda España, los más de cuatro millones de inmigrantes que viven en España podrán ganar un MP3 además de tener a su disposición un servicio rápido, sencillo y seguro, denominado 'Envío de Dinero en Minutos' que Correos presta en colaboración con Western Union.

En 1999 Correos firmó un acuerdo con Western Union para realizar transacciones monetarias con más de 200 países, en su red de 2.124 oficinas postales multiservicio.

A través de este acuerdo, la empresa postal se integra en una red mundial comprometida en la prestación de un servicio de calidad y plenas ventajas para los clientes de Correos, aportándoles la garantía añadida de seguridad y fiabilidad asociadas a la marca Correos.

Por último, indicó Correos que desde el 20 de agosto hasta el 30 de septiembre, los clientes que realicen tres envíos de dinero a través de Western Union, en cualquiera de las 206 oficinas de toda España de Correos que participan en la campaña, obtendrán un premio.

* N. R. : Correos no ha colgado esa nota oficialmente a día de hoy.

laopiniondemurcia.es
20.08.07


Destrozan a pedradas el cristal de la sede de Correos en Espinardo


Hace poco más de un mes, la misma oficina sufrió un atentado violento similar al ser alcanzada otra vidriera por varias rocas

La sede de Correos de Espinardo, situada en la avenida Levante Doctor, fue asaltada la pasada madrugada del sábado por un grupo de jóvenes de los que no se conoce la identidad ni la procedencia, tal y como señalaron vecinos de la zona.
Todo ocurrió cerca de las cinco de la mañana de ayer cuando un grupo de adolescentes lanzaban dos enormes piedras al cristal de la oficina, provocando un gran agujero en el mismo y un enorme susto para todos los vecinos de la zona que, alarmados, llamaron de inmediato a la Policía que llegó a los pocos minutos, pero no pudo detener a los presuntos autores del destrozo, porque ya se habían marchado del lugar.
Las piedras, de más de diez kilos de peso, fueron lanzadas al cristal, al parecer "para hacer daño", comentó el cristalero que se encontraba en el lugar reparando el destrozo producido. Salvador dijo que "el cristal, al ser de seguridad, es muy grueso, por lo que no han podido romperlo entero y sólo han hecho un agujero". Además, "los chicos tuvieron que tirar las piedras con mucha fuerza porque han desencajado la ventana y han roto el mármol", comentó el cristalero que, junto a su hijo, tuvo que asistir de inmediato al lugar para limpiar e instalar unas "medidas provisionales" hasta que llegue el nuevo cristal.
Según un trabajador de la oficina, "hace poco más de un mes ocurrió lo mismo. Tiraron piedras a la otra ventana y le hicieron una gran grieta por lo que se tuvo que poner otro nuevo". Ahora, sin apenas haberse recuperado del susto, estos actos vandálicos se vuelven a suceder en el mismo lugar.
Al parecer, y tal y como apuntan los trabajadores "de aquí no se pueden llevar nada de dinero, sólo los paquetes y las cartas", por lo que se piensa que "estos destrozos son consecuencia del aburrimiento y las ganas de llamar la atención, destrozando todo lo que se les pone por delante", comentó el trabajador refiriéndose al grupo que provocó el destrozo en la oficina postal.
Los presuntos delincuentes no han podido ser grabados por la cámara de vigilancia de la oficina ya que "sólo graba de puertas para adentro", comentó un trabajor. Además, la alarma no sonó cuando rompieron el cristal, comentó el trabajador, por lo que los jóvenes contaron con tiempo suficiente para provocar el daño y escapar antes de que llegara la policía local.