Cosas de Carteros

lavanguardia.es
21.11.07

Correos gana el InfoWorld Awards 2007 por innovación tecnológica

Correos ha sido premiada con el 'InfoWorld Awards 2007', galardón que reconoce a los diez proyectos más innovadores a nivel mundial, por su aplicación RFID (Identificación por radiofrecuencia) al control de calidad, informó hoy esta entidad.

Los premios Infoworld distinguen a 10 compañías, entre cien proyectos preseleccionados en todo el mundo, por la novedosa aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a su negocio.

Correos figura entre las diez empresas por sistema Q-RFID, una aplicación tecnológica pionera en el sector postal europeo, ya que utiliza por primera vez etiquetas pasivas para medir la calidad a lo largo de la cadena logística, en lugar de etiquetas activas, lo que supone un importante ahorro de costes, según esta entidad.

El proyecto fue desarrollado por la empresa Sybase y ha supuesto que en los grandes centros de tratamiento automatizados, centros de admisión masiva y centros de tratamiento postal, Correos haya instalado 2.300 antenas y más de 330 lectores capaces de detectar el paso de los envíos (cartas o paquetes) con alguna de las 13.000 etiquetas pasivas adquiridas.

El sistema detecta de esta manera los cuellos de botella y permite actuar de forma inmediata.

Entre los premiados de este año están también empresas como AT&T, Bank of America o la farmacéutica Solvay.

Cinco Días
22.11.07


UGT y CC OO reclaman control sobre los planes de previsión empresarial

UGT y CC OO arremetieron ayer contra los planes de previsión social empresarial (PPSE), un beneficio social similar a los planes de pensiones. Los sindicatos critican que no se otorgue a los trabajadores un papel en su supervisión.

E. G. Ercoreca

Las dos grandes plataformas sindicales españolas están descontentas con los PPSE. Tanto UGT como CC OO tuvieron palabras duras para este instrumento de inversión colectiva durante las jornadas Hacia un nuevo reglamento de planes y fondos de pensiones organizadas ayer por la consultora Towers Perrin

'El gran agujero del reglamento son los PPSE'. Así se pronunciaba Jesús González Otero, secretario de acción sindical de UGT sobre el Real Decreto que regulará estos planes y que, previsiblemente, verá la luz en diciembre o enero. El representante de los trabajadores criticó que 'el empresario sea el único con potestad para decidir si se adopta un PPSE, o no'.

Los planes de previsión nacieron el pasado 1 de enero, con la entrada en vigor del nuevo régimen fiscal. Son seguros colectivos destinados a generar un complemento privado de jubilación en el ámbito de las empresas.

Básicamente, equivalen a los planes de empleo aunque cuentan con una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las pymes. Otro de los rasgos que los diferencian es que no necesitan de una comisión promotora para crearse ni de otra de control durante su existencia. Por tanto, están al margen de la negociación colectiva y de todo control sindical.

Según los datos de la patronal del seguro Unespa, los PPSE acumulaban al cierre de septiembre unas provisiones técnicas de 1.299 millones de euros en su modalidad de rentas y otros 158.591 euros en la de capitales diferidos.

Estos seguros están al margen de la negociación colectiva y, por tanto, de los sindicatos



Para Carlos Bravo, responsable del departamento de fondos de pensiones de CC OO, 'la nueva figura de los PPSE es algo innecesario porque supone poner al mismo nivel un instrumento con participación de los trabajadores y un instrumento sin participación'.

Para convertir un plan de pensiones en un PPSE se debe contar con el voto favorable del 50% de los representantes de los trabajadores y de la mitad de los representantes del promotor en la comisión de control.

Bravo reconoció, no obstante, que 'el proyecto de nuevo reglamento en materia de PPSE mejora la situación existente con la reforma del IRPF'. En este sentido, apuntó que 'el reglamento reconoce en los planes un fuerte derecho de información -aunque no de participación- de los trabajadores y de sus representantes'.

En opinión del ponente de CC OO, 'la compañía de seguros debería remitir la información directamente a los trabajadores y sus representantes, pero no lo han hecho así. La información debe pasar a través del tomador del seguro'. Bravo considera que la creación de los PPSE responde a 'una reclamación histórica de la industria del seguro y de las organizaciones empresariales'.
Un plan con dos carteras de inversión

El futuro reglamento de planes y fondos de pensiones permitirá a estas instituciones de inversión colectiva estar organizadas en dos subplanes con carteras de inversión diferentes. A través de esta medida, la Dirección General de Seguros (DGS) busca que los fondos adecúen su comportamiento al ciclo vital de los propios beneficiarios. Es decir, que contemplen un mayor riesgo cuando el trabajador es más joven y sean más conservadores cuando la edad de jubilación del empleado esté más próxima.

'Cada partícipe pertenecerá a los dos subplanes. La participación en cada uno variará a lo largo de su vida laboral. Periódicamente se realizará un traspaso de un plan a otro según la edad del trabajador', recordó ayer Francisco de Blas, subdirector general de planes y fondos de pensiones.

Economía ha impuesto límites a los cambios. Por un lado, cada año no se podrá transferir más de un 20% del ahorro acumulado y, por otro, el calendario de los traspasos vendrá especificado por las indicaciones que marque la comisión de control del plan de pensiones y no de la decisión personal del partícipe.

El Economista
22.11.07

Los autónomos dependientes, regulados en "tres meses"

El Gobierno negocia con asociaciones y sindicatos un borrador de Real Decreto

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer en el Congreso que el Gobierno aprobará "en febrero, como máximo" un real decreto que regule las condiciones laborales del autónomo económicamente dependiente (el que recibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos de un único cliente). Dicho real decreto, que actualmente está siendo negociado con las asociaciones más representativas del colectivo y los sindicatos, fijará las condiciones de los contratos entre el empleador y el autónomo económicamente dependiente.

En dichos documentos se incluirá el periodo de vacaciones (18 días hábiles), la duración máxima y mínima de la jornada laboral, las condiciones de indemnización en caso de rescisión de contrato y la elaboración de un registro específico para este tipo de contratos.

También contemplará las condiciones de la creación del Consejo del Trabajo Autónomo, y los criterios para definir lo que se entiende como organizaciones "más representativas" de los trabajadores por cuenta propia. Caldera realizó este anuncio en respuesta a una interpelación del portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, relativa al calendario de desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo, aprobado por las Cortes Generales el pasado mes de julio y que entró en vigor el pasado 12 de octubre.

El titular de Trabajo avanzó además que "es imposible" que el sistema de protección por desempleo para los autónomos esté preparado antes del fin de la actual legislatura. No obstante, dijo que el Ejecutivo constituirá "en breve" un grupo de expertos -compuesto por cuatro catedráticos de Universidad- que en un plazo no superior a seis meses tendrán que presentar al Gobierno un primer borrador de dicho sistema.

Por último, Caldera recordó que el Estatuto lleva muy poco tiempo en vigor, y que por eso no todos sus contenidos están siendo ejecutados. De hecho, algunos lo harán a partir del 1 de enero de 2008 (como las reducciones y bonificaciones en las bases de cotización para los autónomos en régimen de pluriactividad).

Por su parte, Campuzano recordó que los autónomos han esperado 28 años para tener su propio Estatuto y que, una vez que se aprobó con un alto consenso, "sería un error crear sensación de frustración" no impulsando su desarrollo final.

Expansión
22.11.07


El Gobierno quiere un salario mínimo de mil euros en la Administración

M. Valverde


El Ejecutivo está a punto de cerrar un acuerdo con los sindicatos sobre una mejora adicional para 170.000 de sus funcionarios. Beneficiaría sobre todo a quienes prestan atención al público en Tráfico, el Inem, Extranjería o DNI.

En vísperas de las elecciones generales de marzo de 2008, el Gobierno está a punto de cumplir una promesa que hiczo el anterior ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El Ejecutivo proyecta que en dos años no quede ningún funcionario de la Administración Central por debajo de los mil euros brutos mensuales.

Por está razón, está cerca de llegar a un acuerdo con los principales sindicatos de la Función Pública –CCOO, UGT y CSIF– para introducir una mejora salarial adicional a alrededor de 170.000 empleados públicos. Fundamentalmente, para los niveles más bajos de la Administración Central –grupos D y E –. Por ejemplo, auxiliares administrativos, ordenanzas o porteros de los Ministerios, según las diversas fuentes de la negociación consultadas por EXPANSIÓN. Una portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas señaló que “la negociación no está cerrada” y por, lo tanto, declinó hacer más comentarios.

Las conversaciones tratan de mejorar específicamente la retribución de forma adicional a quienes atienden al público en dependencias como las oficinas de Tráfico, del DNI, de atención a la inmigración o los Servicios de Empleo –antiguo Inem–. Nadie estaría por debajo de los catorce mil euros brutos anuales, divididos en otras tantas pagas, contando las dos extraordinarias.

La mejora sería posible por la aplicación a los salarios de estos trabajadores de un 0,3% de la masa salarial, con efectos retroactivos para este año, y de un 0,37% en 2008 y 2009. Esto supondría para el Gobierno un gasto adicional de unos catorce millones de euros.

Por todas estas razones, el incremento salarial de estos funcionarios para el año que viene sería superior al 3,8%, dividido en los siguientes conceptos: un 2%, igual que la previsión de inflación que marca el Gobierno, de acuerdo con el Banco Central Europeo. A esta subida, hay añadir un punto, en concepto de mejora de las pagas extraordinarias, más medio punto como aportación del Gobierno para el plan de pensiones de los funcionarios. En total, un incremento del 3,5%, más el 0,37% ya reseñado de la mejora adicional, que está negociando el Gobierno con los sindicatos.

Según las fuentes conocedoras de la negociación, sólo queda una cuestión pendiente: los temores de Hacienda de que el acuerdo con este colectivo de empleados públicos pueda repercutir en otros niveles de la Administración. “Que el gasto económico se escape de las manos porque otros funcionarios, de niveles más altos, puedan sentirse discriminados”, comentaron algunas de las citadas fuentes.

Hay que recordar que ya los contratados laborales de la Administración Central -unas ochenta mil personas– cumplen con la condición de estar en mil, o por encima, de los mil euros desde que el año pasado se firmó el convenio único para estos trabajadores. El Ejecutivo también quiere plasmar próximamente el reciente acuerdo que ha alcanzado con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que trabajan en el exterior. Es decir, en las embajadas de España y las delegaciones presentes en los diversos organismos internacionales.

En busca de la jubilación parcial

CCOO anunció ayer su intención de convocar en diciembre diversos actos de protesta en toda España para reivindicar la jubilación parcial y anticipada de los funcionarios. Se trata de una propuesta que hizo el anterior ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que rebatieron el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El proyecto de Sevilla no sólo amenazaba con incrementar el gasto, sino que también iba en contra del mensaje del Ejecutivo al sector privado de incentivar la prolongación de la vida laboral. Finalmente, la Ley de reforma de la Seguridad Social, que aprueba hoy el Congreso, desplaza la medida a la próxima legislatura y la condiciona a la política de recursos humanos y a las necesidades presupuestarias.

diarioinformacion.com
22.11.07

Los empresarios y vecinos de La Marina denuncian el servicio que presta Correos

Los afectados señalan que la correspondencia está llegando a
la pedanía hasta con cinco días
de retraso y habitualmente equivocada

M. Sabuco

El sector empresarial y los vecinos de La Marina han hecho un frente común para combatir el deficiente servicio que Correos está prestando en esta pedanía ilicitana que ha experimentado un gran crecimiento poblacional y de negocios en los últimos años y que es un punto singular del litoral turístico ilicitano. Tanto la Federación de Empresarios La Marina d'Elx, como la Asociación de Vecinos reclaman al organismo que dote de más personal a la oficina de Correos, ya que el que hay se ha demostrado que es insuficiente para el volumen de trabajo que hay en este núcleo urbano.
En la actualidad son más de 2.000 las personas censadas en La Marina, pero los residentes en realidad superan los 3.000. El hecho de que la oficina sólo permanezca abierta hora y media al día, de 8.30 a 10 horas, está generando colas diarias que obligan a realizar una espera de media hora para hacer un giro, según indicaron los representantes empresariales y vecinales. Además, el correo está llegando a los negocios y a los domicilios particulares con un retraso de cinco días y habitualmente se deja correspondencia equivocada, mucha de ella de negocios, lo que introduce distorsiones en los mismos.
«Hemos mantenido reuniones con responsables de Correos de Elche y Alicante, se les pidió que se mejorara un servicio que se está prestando de una manera deficiente, pero no se ha hecho nada hasta ahora», indicó Juan Amorós, secretario de la Asociación de Vecinos de La Marina, mientras José Marroquí, presidente
La inexistencia de calles fuera de lo que es el núcleo urbano propiamente, la confusión numérica

diariodecadiz.com
22.11.07

Correos abrirá una nueva oficina en la capital gaditana

Correos tiene previsto ampliar su red de oficinas en Cádiz, con la apertura de una nueva sucursal en la Zona Franca (C/ Gibraltar, s/n), que ocupará parte de las dependencias con que la empresa postal cuenta en esta zona de la capital.
La nueva oficina será la sucursal urbana nº 3 y tendrá una superficie aproximada de 160 metros cuadrados. Complementará la oferta comercial de la Oficina Principal, ubicada en el Edificio Principal de Correos de la Plaza de las Flores, y de las sucursales 1 y 2, en El Corte Inglés y en la zona de San José, respectivamente.

La empresa postal ha aprobado ya las obras de adecuación del local para adaptarlo a su nuevo uso, con una inversión cercana a los 120.000 euros.

El edificio de CORREOS en la zona Franca acoge en la actualidad la Unidad de Reparto 2 de Cádiz y la Unidad de Servicios Especiales, así como la Unidad de Admisión Masiva, encargada de la admisión de las remesas masivas que realizan los clientes con contrato comercial. Esta actividad se mantendrá en estas instalaciones, a la vez que se pone en funcionamiento la nueva oficina.

Esta nueva oficina postal multiservicio permitirá tanto a ciudadanos como a empresas de toda su área de influencia la posibilidad de realizar un gran abanico de gestiones cotidianas, pudiendo acceder de una forma cómoda y en un único espacio a toda la oferta comercial y de servicios que CORREOS pone a su disposición en la red de más de 2.100 oficinas multiservicio.

La puesta en marcha de la nueva sucursal 3 se enmarca dentro de los Planes de Accesibilidad y de Infraestructuras de la Sociedad Estatal, y tiene como finalidad mejorar el acceso a los servicios postales a los más de 130.000 ciudadanos y empresas de la ciudad, así como las condiciones de trabajo de sus empleados.

eitb24.com / Euskadi /
22/11/2007


REFORMA EN EL SERVICIO DE CORREOS

Más de 500 carteros de Euskadi podrían perder su empleo

El Gobierno central está preparando una reforma del servicio de Correos que perjudicará, sobre todo, al servicio postal de los municipios con menos de 5.000 habitantes.
Más de 500 carteros de la Comunidad Autónoma Vasca podrían perder su puesto de trabajo por la reforma del servicio de Correos que está preparando el gobierno central. Dicha reforma incluye el servicio a los operadores privados.

Los sindicatos estiman que, en el caso de que la reforma planteada por el Gobierno saliese adelante, estarían en peligro los carteros de los municipios con menos de 5.000 habitantes ya que, según afirman, creen que para los operadores privados no es rentable repartir cartas en barrios como estos.

Tal y como han afirmado los sindicatos, con esta reforma no se podría garantizar un servicio postal universal, ya que los operadores privados sólo se centrarían en grandes municipios.

La empresa Correos tiene un presupuesto anual de 90 millones de euros, y esta reforma prevé una reducción de 10 millones para 2008.