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Reformas y decoración

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Referencia del Consejo de Ministros
viernes, 12 de junio de 2009


SUMARIO

Economía y Hacienda

APROBADA LA MODIFICACIÓN DE 47 LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA DE SERVICIOS

Se da un nuevo paso en la reforma estructural del sector Servicios y es un gran avance en la transposición de la Directiva de Servicios comunitaria, con la que se espera un incremento adicional del PIB alrededor del 1,2 por 100 y la creación de entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo.
Destacan las modificaciones en la normativa de los Colegios Profesionales, que modernizan el marco institucional en el que se desenvuelve un conjunto de actividades profesionales de gran relevancia para el funcionamiento de la economía.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de modificación de 47 leyes estatales para su adaptación a lo dispuesto en la Directiva de Servicios.

La aprobación de esta "Ley Ómnibus" tiene por objetivo impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas españolas en el sector servicios, que representa el 66 por 100 del PIB y del empleo en España.

El nuevo marco beneficia particularmente a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, para quienes los costes de inicio de actividad y las cargas administrativas que soportan son proporcionalmente mayores.

Como resultado de todo el proceso a nivel estatal, autonómico y local, se prevé la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos y un incremento adicional del PIB alrededor del 1,2 por 100.

El Proyecto de Ley modifica 47 leyes estatales en las siguientes áreas: administración pública (3), consumo (1), servicios profesionales (3), empleo (4), servicios industriales y construcción (6), energía (3), transporte y comunicaciones (7), medioambiente y agricultura (13) y sanidad (3).

Los cambios se dirigen a mejorar la regulación para que sea más eficaz pero menos gravosa para ciudadanos y empresas. Fundamentalmente, se sustituye la figura de la autorización previa que rige el acceso en numerosas actividades por meras comunicaciones de inicio de la actividad o declaraciones responsables por parte del prestador a la Administración. De este modo se reducen las barreras y los costes de entrada a la actividad económica.

Por otro lado, se eliminan requisitos y otros obstáculos que restringen de forma innecesaria o desproporcionada la puesta en marcha de actividades e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo. En consecuencia, se reducen las barreras y los costes de entrada a la actividad económica.

Por ejemplo, se otorga validez en todo el territorio nacional a diversas autorizaciones o habilitaciones para el ejercicio de una actividad (de modo que el prestador de servicios no tenga que obtener una nueva autorización en cada comunidad autónoma en la que quiere ejercer), se simplifican procedimientos administrativos (tramitación telemática, supresión de autorizaciones provisionales, unificación de trámites de apertura y funcionamiento), y se establece el silencio positivo como norma general.


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Otras mejoras de la Ley, por sectores

Sector postal: Se sustituye la autorización para la actividad de servicios postales fuera del Servicio Postal Universal por declaración responsable, y la inscripción en el registro pasa a realizarse de oficio y a renovarse automáticamente.


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La estrategia adoptada por el Ejecutivo para el proceso de liberalización del sector servicios en España pasa por varias etapas. La primera estuvo centrada en la creación de un marco de referencia para regular el sector: la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, o "Ley Paraguas", aprobada el pasado 27 de marzo y actualmente en trámite parlamentario.

Ese mismo día el Gobierno presentó en primera lectura el anteproyecto de "Ley Ómnibus", para su remisión a los órganos consultivos correspondientes. A continuación, se abrió un período de audiencia pública de la Ley, incluyendo una consulta específica a las Comunidades Autónomas, durante la cual se recabaron numerosas observaciones y comentarios que han permitido mejorar el texto que hoy se aprueba.

La aprobación de ambos proyectos legislativos irá seguida por la adecuación de un elevado número de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales para culminar el proceso de transposición de la Directiva de Servicios desde el punto de vista de la Administración General del Estado antes del 28 de diciembre de 2009.

Por ello, el Ministerio de Economía ha elevado hoy también al Consejo de Ministros un Acuerdo con el desglose concreto de los Reales Decretos que deben ser modificados por cada ministerio.

Esta completa revisión de la normativa estatal en relación con las actividades de servicios supone la reforma de, al menos, 116 normas reglamentarias.









La reforma del Sector Servicios



El Gobierno cambia 47 leyes para avivar la competencia en los servicios
elpais.com
12.06.09


Mitos contra la Unión Europea
lavanguardia.es
18.06.09
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Subámonos al Omnibus... (a la española)


que se caigan las estructuras administrativas napoleónicas, viva el sistema anglo-sajón para montar empresuchas piratas pa'el reparto en los pueblitos, eso si, los procuradores, los colegios oficiales, las farmacias y las autoescuelas que no me las toque naide, naide, usea a ellos una prórroga pero al correo rural que se lo beneficien los piratillas que tiran los brazos seccionados a un contenedor. :-(

...estoy por montar "La Postal"...en el corazón de la city...


:-)

EUROPA PRESS
17.06.09



La liberalización de servicios afronta mañana su primera prueba en el Congreso con el rechazo de la izquierda


Izquierda Unida acusa al Gobierno de ser "más papista que el Papa" en la transposición de la Directiva 'Bolkenstein'


La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de Servicios aprobada por el Parlamento Europeo en 2006, conocida como 'Directiva Bolkenstein', afrontará mañana en el Congreso de los Diputados su primer examen con el debate en Pleno de las enmiendas de totalidad presentadas al texto por Izquierda Unida (IU) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Con la tramitación de este proyecto de ley, el Congreso inicia la trasposición de la directiva de servicios de la UE que se completará cuando las Cortes empiecen a estudiar el proyecto de ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, conocido como 'ley ómnibus' y que modifica 47 normas españolas.

Sin embargo, IU y BNG ya han anticipado su rechazo frontal a la transposición, al considerar que profundiza en muchos de los elementos más problemáticos de la Directiva Bolkenstein, y abre la vía a una "reducción de los estándares" de protección de derechos sociales y laborales. En este sentido, Izquierda Unida acusa al Gobierno de "ser más papista que el Papa".

Respecto al proyecto de Ley que se debatirá mañana, la formación que lidera Cayo Lara y representa Gaspar Llamazares en la Cámara Baja, considera que se trata de un texto que no se limita a reproducir exactamente lo dispuesto en la norma comunitaria, sino que plantea una "adaptación con menos restricciones" a los principios básicos de la Directiva.

Por su parte, el BNG denuncia que el Gobierno aprovecha el proyecto de ley para realizar una "descentralización de competencias encubiertas", recortando sustancialmente las atribuciones autonómicas de regulación sectorial de actividades.

Asimismo, considera que "avanza en la senda de la desregulación" de múltiples sectores en una línea "claramente liberalizadora" que, a su juicio, ha dado muestras reiteradas en los "últimos tiempos" de suponer un "claro riesgo" para el funcionamiento de la economía.


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Además, Izquierda Unida, junto al grupo parlamentario que comparte IU con ERC e ICV, y el Bloque han presentado más de un centenar de enmiendas parciales para corregir esta nueva norma, en el caso de que mañana no salga adelante su propuesta para devolverla al Gobierno. En este contexto, quieren dejar claro que la ley no se aplicará "a requisitos tales como normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural o normas de construcción".

Tampoco "a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan concretamente a la actividad del servicio, pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada".

En este sentido, quieren que la ley especifique con mayor claridad que no afectará a los servicios sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, "realizados o no en establecimientos sanitarios" e "independientemente de su carácter público o privado, prestados por los profesionales de la salud a sus pacientes, con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud, cuando estas actividades están reservadas a profesiones sanitarias reguladas".

De la misma manera, estas cuatro formaciones coinciden en la necesidad de que el proyecto de ley concrete aún más lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determina como 'razón imperiosa de interés general'. Cada formación propone ampliar la lista de ejemplos que ya se incluye en el proyecto del Gobierno, en aras de no dejar resquicios para la confusión.

En sus enmiendas, los nacionalistas gallegos también limitan la aplicación de la norma a asuntos muy concretos como las medidas para fomentar la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo en los medios de comunicación, la normativa en materia de Derecho Penal o Laboral.

EUROPA PRESS
18.06.09


El Congreso da 'luz verde' al trámite de la liberalización de servicios, que creará 200.000 empleos

El PP advierte de que la transposición no frenará la "debacle" del sector servicios si no hay reformas estructurales


El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó gracias a los votos del PSOE, PP, CiU y la abstención del PNV las enmiendas de totalidad presentadas por ERC-IU-ICV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) al proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que inicia la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de Servicios aprobada por el Parlamento Europeo en 2006, conocida como 'Directiva Bolkenstein'.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, defendió que la transposición es una "oportunidad extraordinaria" para reformar "en profundidad" la regulación de un "sector crucial" como es el de servicios, con un "enfoque ambicioso" que permitirá, según sus cálculos, crear 200.000 empleos, incrementar en 1,2% el PIB y una importante "mejora" en cifras de competitividad y consumo.

Frente a los recelos de IU y BNG, Salgado aseguró que la nueva norma no sólo no afecta a la regulación del empleo y a las condiciones de trabajo, sino que permitirá "simplificar al máximo" los procedimientos administrativos del sector, reduciendo las restricciones a la actividad, lo que redundará en un incremento de la calidad, la inversión y los puestos de trabajo.

Asimismo, señaló que es "especialmente respetuoso" con las competencias de las comunidades autónomas y establece nuevos mecanismos de colaboración con las administraciones públicas, con la creación de la 'ventanilla única' y en lo referente a las autorizaciones para las licencias de aperturas.

Por último, señaló que ha sido acogido "muy favorablemente" tanto por los gobiernos autonómicos como por el sector privado y los organismos reguladores y expertos de todos los ámbitos a los que se ha consultado en la fase de "consulta previa", y en este sentido, expresó su "agradecimiento" a su antecesor en el cargo, Pedro Solbes.

Con la tramitación de este proyecto de ley, el Congreso inicia la trasposición de la directiva de servicios de la UE que se completará cuando las Cortes empiecen a estudiar el proyecto de ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, conocido como 'ley ómnibus' y que modifica 47 normas españolas.
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IU y BNG expresaron su rechazo frontal a la transposición, al considerar que profundiza en muchos de los elementos más problemáticos de la Directiva Bolkenstein, y abre la vía a una "reducción de los estándares" de protección de derechos sociales y laborales confundiendo "burocratización con control público", por lo que reivindicaron la "autorregulación voluntaria".

En este sentido, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, acusó a Salgado de ser "más papista que el Papa" en la transposición de la norma, a la que rebautizó como "Directiva Frankenstein", y aseguró que el proyecto de ley lleva "aún más allá" lo dispuesto en la norma comunitaria, perjudicando a los sectores más vulnerables. "No le arriendo la ganancia", remachó Llamazares, quien señaló que con irresponsabilidad y prepotencia no se superará la crisis.

Por su parte, la diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, denunció que el Gobierno aprovecha el proyecto de ley para realizar una "recentralización de competencias encubiertas", recortando sustancialmente las atribuciones autonómicas de regulación sectorial de actividades, al tiempo que "avanza en la senda de la desregulación" de múltiples sectores en una línea "claramente liberalizadora".

Por su parte, el diputado 'popular' Álvaro Nadal lamentó que la Directiva esté "limitada" en los sectores a los que se aplica y contempla un gran número de excepciones, por lo que su implantación varía dentro de la misma Unión Europea. En este sentido, lamentó que la transposición española se "ha quedado corta" en lo referente a la liberalización y no busca la unidad de mercado.

En este sentido, señaló que la crisis ha provocado una "auténtica debacle" en el sector servicios, con un incremento en el número de parados del 71% en el último año, y advirtió a Salgado de que el crecimiento económico estimado por el Gobierno gracias a la transposición se refiere al "PIB potencial" y no se materializará si no viene acompañado de reformas estructurales y un cambio de política económica.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre mostró el rechazo de su formación a las enmiendas de devolución, aunque expresó su "inquietud compartida" con IU y BNG por algunos aspectos del proyecto de ley en lo referente a la "conculcación" de las competencias autonómicas frente a lo que determinaba la Directiva original, por lo que apostó por corregir estos "aspectos débiles" de la transposición.

Jueves, 18 de junio de 2009

# EFE
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# Madrid

* EFE
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* Madrid

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la reforma del régimen sancionador en materia de tráfico, que simplifica y agiliza el sistema de notificaciones, revisa a la baja la pérdida de puntos y aumenta el descuento por pronto pago al 50%, entre otras cuestiones.


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Entre las novedades de la reforma destaca que a partir de ahora el infractor recibirá una sola notificación, en lugar de las tres actuales. En el caso de los vehículos matriculados a nombre de una persona jurídica (empresas), la notificación serán exclusivamente por correo electrónico.

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